ZARAGOZA, 4 de enero.

Recientemente, el sindicato JUPOL, que representa a un amplio sector de la Policía Nacional, ha logrado frenar la reubicación de una funcionaria destinada en la Jefatura Superior de Aragón. Esta agente se encuentra en comisión de servicio, cuya prórroga fue denegada por la Dirección General de la Policía. Cabe destacar que esta situación se ha originado debido a la necesidad de cuidar de su hijo, quien presenta un trastorno del espectro autista.

Los servicios jurídicos del sindicato, con el abogado Marco Navarro a la cabeza, han logrado que se apliquen medidas cautelarísimas para evitar este traslado forzoso. Argumentan que la permanencia de la funcionaria en su puesto actual es esencial, no solo por el bienestar del menor, sino también en base a su situación familiar, ya que su hijo cuenta con un grado de discapacidad del 33%. Desde que se concedió la comisión de servicio en junio de 2022, las circunstancias familiares no han cambiado, lo que refuerza la causa de su solicitud.

En la exposición presentada por JUPOL, se señala que la carga del cuidado del menor recae únicamente en la agente, por lo que su continuidad en Zaragoza es vital. Esta necesidad ha sido respaldada por informes emitidos por diversos organismos, como el servicio de psiquiatría infantil y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, así como la Fundación Atención Temprana y Autismo Aragón. Todos ellos coinciden en subrayar la importancia de asegurar la estabilidad tanto en el ámbito académico como familiar y de vivienda para el desarrollo óptimo del niño.

Los reportes apuntan que cualquier cambio de rutina puede resultar perjudicial para estos menores, generando dificultades en su progreso y, en algunos casos, incluso causando retrocesos en su desarrollo, lo que complicaría su futuro y la posibilidad de llevar una vida normalizada.

La situación ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón a aceptar la solicitud de medidas cautelarísimas interpuesta por JUPOL. Esto implica que se suspenderá el cese en el puesto de trabajo de la funcionaria, permitiendo que continúe desempeñando sus funciones en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, tal y como ella misma había requerido en agosto del presente año.