El Gobierno de España ha aprobado la transferencia de una significativa cantidad de 260 millones de euros a la empresa Sepes, que se convertirá en la nueva Empresa Estatal de Vivienda, para gestionar infraestructuras y terrenos públicos. Este traspaso está destinado a transformar antiguos suelos penitenciarios en áreas de vivienda social y asequible, con un total de 1.332 nuevas unidades habitacionales distribuidas a lo largo de diversas localidades como Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Dénia, Segovia y Burgos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hizo este anuncio durante una reciente rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde destacó que este esfuerzo del Gobierno busca convertir lo que antes eran "celdas" en verdaderos hogares para los ciudadanos. Con esta iniciativa, se espera avanzar en la creación de un parque público de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna para todos los españoles.

Rodríguez subrayó el valor estimado de los terrenos en 78 millones de euros y mencionó que la transacción se realizará sin que el Ministerio de Interior tenga que abonar este monto. Uno de los terrenos transferidos es el de la antigua prisión de Carabanchel, que tiene capacidad para albergar alrededor de 508 viviendas en un espacio de 27.000 metros cuadrados.

Este traspaso es parte de un esfuerzo más amplio que también incluye la conversión de terrenos militares en zonas residenciales, así como la integración de propiedades de la Sareb en la nueva empresa estatal, lo que sumaría aproximadamente 40.000 viviendas y 2.400 terrenos al parque de vivienda pública.

La ministra también destacó que se progresa rápidamente en la reestructuración de Sepes, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar su situación personal o económica, tendrán acceso a un lugar donde vivir. Este avance no solo incrementará el número de viviendas públicas, sino que también buscará mantener estándares de calidad en su construcción.

Para el desarrollo del Plan de Vivienda Asequible, el Consejo de Ministros ha aprobado, además, la mencionada transferencia de 260 millones de euros a Sepes, que permitirá llevar a cabo la construcción de viviendas en los terrenos penitenciarios. En particular, se prevé que los terrenos de la cárcel de La Ranilla, en Sevilla, se conviertan en la segunda mayor área de viviendas, con 240 unidades proyectadas.

En la antigua cárcel de Córdoba se instalarán 174 viviendas sin necesidad de demolición, lo que acelerará el proceso de construcción. Las cifras de viviendas proyectadas en otras localidades incluyen 145 en Dénia, 140 en Huesca, 64 en Zaragoza, 53 en Segovia y 8 en Burgos, con cada uno de estos proyectos ya aprobado y en distintas fases de planificación y tramitación.

Rodríguez insistió en la urgencia de avanzar tanto en la construcción como en la tramitación administrativa para agilizar la creación de estas viviendas. Se encuentra particularmente optimista respecto a los terrenos en Huesca, Segovia y Burgos, donde se prevé una licitación cercana para comenzar la construcción.

Los antiguos terrenos de la prisión de Huesca, que ostentan una superficie de 2.365 metros cuadrados, permitirán la construcción de 160 viviendas protegidas. Este viejo centro penitenciario, inaugurado en 1955, fue conocido por haber albergado a numerosos prisioneros durante el régimen franquista, provocando un intenso interés en su historia.

La prisión de Torrero, por su parte, fue un emblemático centro penitenciario desde 1928 hasta la apertura de otro más moderno, y su demolición comenzó en 2005. Este lugar también estuvo marcado por la represión durante la dictadura, albergando a muchos prisioneros políticos y con una historia impregnada de sufrimiento y resistencia. Con estas iniciativas, el Gobierno busca no solo sanar viejas heridas, sino también ofrecer un futuro más esperanzador a los ciudadanos sin hogar.