El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha afirmado este viernes que la Comunidad Autónoma verá un incremento significativo en sus ingresos anuales, ascendiendo a 630 millones de euros. Esta mejora se debe al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Este aumento representa un 11% más que lo que se percibe actualmente y está destinado a cubrir importantes partidas del presupuesto del Gobierno de Aragón, con una notable asignación del 40% para Educación y un 20% para Sanidad. Beltrán ha destacado que este desarrollo es una excelente noticia para Aragón, brindando un alivio financiero sustancial a la comunidad.

El nuevo esquema de financiación se suma a los cerca de 5.000 millones de euros que recibe anualmente la Hacienda aragonesa del Gobierno central, dentro de un incremento global de 20.975 millones de euros que será aplicado a todas las comunidades autónomas a partir de 2027. En total, el presupuesto destinado a las comunidades alcanzará los 224.507 millones de euros.

Beltrán ha resaltado que el nuevo sistema beneficiará a todas las comunidades autónomas y representa un cambio radical frente al antiguo modelo, que se mantuvo durante 15 años. El delegado ha subrayado que es erróneo pensar que el sistema estaba diseñado específicamente para favorecer a Cataluña.

El delegado también ha indicado que determinaciones sobre qué comunidad resulta más favorecida que otra son complicadas. Explicó que se requiere un modelo alternativo para abordar tales comparaciones y destacó el esfuerzo del Estado por mantener una corresponsabilidad fiscal que evite prácticas de 'dumping' fiscal.

Este nuevo enfoque de financiación busca asegurar un Estado del Bienestar robusto, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y reduciendo las disparidades en la financiación en función de la población, considerando que el coste de los servicios básicos no es uniforme en todo el país.

Aragón se beneficiará del aumento de habitantes considerado en este nuevo modelo, lo que le permitirá recibir más recursos por cada ciudadano, superando la contabilización actual. Según Beltrán, esto es vital para asegurar una mejor financiación para los servicios públicos.

Para la próxima semana, la ministra ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y Beltrán expresó su deseo de que las comunidades autónomas participen en un espíritu colaborativo. Asimismo, recordó que este sistema de financiación deberá ser ratificado por las Cortes Generales antes de convertirse en ley.

Un elemento clave del nuevo modelo será el tratamiento de la dispersión poblacional, considerando la geografía, la densidad y otros factores demográficos que afectan la distribución de recursos. Beltrán ha argumentado que estos criterios beneficiarán a Aragón, alineándose con las especificidades territoriales.

Adicionalmente, el modelo permitirá un aumento en la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, que podrán recaudar un porcentaje mayor del IRPF y del IVA. Se establecerán mecanismos de solidaridad interterritorial para asegurar una distribución justa de los recursos entre todas las regiones.

Las comunidades tendrán la opción de recaudar el IVA generado por pequeñas y medianas empresas, además de continuar recaudando la totalidad de impuestos como el de sucesiones. También se implementará un nuevo fondo para combatir el cambio climático, enfocado en las regiones más afectadas como Levante.

Beltrán ha subrayado que, bajo este nuevo modelo, ninguna comunidad recibirá menos que con el sistema anterior, garantizando una estabilidad mínima en los ingresos. Asimismo, destacó la mayor rapidez en los pagos a cuenta, que serán ajustados más eficazmente en función del rendimiento fiscal real.

Con la implementación de este sistema, se espera un modelo más equitativo, que reduzca las diferencias de financiación entre comunidades y respete las singularidades que cada una pueda tener. El enfoque multilateral en la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas evitará cualquier percepción de discriminación territorial.