El concejal del PSOE en Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha alzado la voz contra una situación alarmante en el sistema educativo público de la ciudad. Según sus declaraciones, alrededor de 4.000 estudiantes de Educación Secundaria, catalogados como ACNEAE (Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), están siendo escolarizados en aulas ordinarias, sin la atención especializada que realmente requieren. Esta información proviene del propio Servicio Provincial de Educación en Zaragoza, que también señala que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería contar con un orientador por cada 250 alumnos.

Ante este panorama, Ortiz ha hecho un llamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, instándola a que exija al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que actúe para solucionar lo que él califica como “intolerable” en los institutos públicos de la capital aragonesa.

El concejal socialista enfatiza que su denuncia coincide con la recientemente expresada por UGT, que subraya el déficit de recursos que afecta de forma exclusiva a la educación pública. Actualmente, en Zaragoza, hay un orientador por cada 750 alumnos con necesidades específicas, una cifra que contrasta fuertemente con la recomendación de la OMS.

En la próxima Comisión de Educación, Ortiz tiene la intención de exigir a Chueca que cumpla con las pautas establecidas por Azcón en lo que respecta a personal de apoyo educativo, afirmando que no se debe permitir que estos jóvenes queden desatendidos. Sostiene que la carencia de estos recursos se traduce en desigualdad de oportunidades y limita la libertad de los estudiantes para desarrollar su potencial. “No pueden robarles el futuro”, ha advertido.

Además, ha señalado que este problema es un reflejo de las políticas de recortes a las que, según él, el Partido Popular ha sometido tanto a Zaragoza como a todo Aragón. Ortiz critica al PP, alegando que se ensañan con los más vulnerables, en particular con las familias de aquellos estudiantes que requieren un apoyo adicional para acceder a las mismas oportunidades que sus compañeros.

Según Ortiz, privar a estos 4.000 alumnos de los recursos necesarios equivale a “condenarlos” a un futuro con menos opciones, mayor dependencia y vulnerabilidad.

El concejal se ha cuestionado sobre lo que realmente significa la libertad educativa cuando un joven con dislexia no recibe el apoyo que necesita o cuando un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA) carece del acompañamiento necesario. Además, se preocupa por el futuro de una niña con altas capacidades que ve su talento limitado por la falta de atención personalizada.

Ortiz subraya que esos 3.914 alumnos no pueden ser considerados solo una estadística; detrás de cada cifra hay jóvenes que requieren atención individualizada, programas adaptados y el número suficiente de profesionales para que su derecho a una educación inclusiva se haga realidad.

También ha advertido sobre la naturaleza cambiante de estas cifras, que se actualizan constantemente a medida que llegan más informes de inspectores que indican que la situación sigue empeorando.

El concejal del PSOE ha señalado que para lograr una educación inclusiva de verdad, es imprescindible contar no solo con orientadores, sino también con docentes especializados en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y auxiliares de educación especial. Sin estos profesionales, afirmó, la atención personalizada es prácticamente inalcanzable.

El impacto de esta escasez de recursos, ha dicho, puede ser devastador: un niño con autismo que no recibe los ajustes curriculares necesarios no puede alcanzar la autonomía. Asimismo, una alumna que llega al país y no habla el idioma puede quedar excluida socialmente, mientras que un estudiante dotado puede enfrentar problemas de salud mental y eventual abandono escolar por frustración.

Estos puntos han sido reafirmados por informes del Observatorio Estatal de la Discapacidad, que destaca que la falta de apoyos personalizados trae consigo consecuencias medibles, como un aumento de las tasas de repetición, incremento del absentismo y problemas emocionales, así como un riesgo tres veces mayor de abandono escolar. A largo plazo, esto se traduce en mayores dificultades para la inserción laboral y un incremento de la exclusión social.