En los últimos días, ha surgido una inquietante tendencia en Aragón con respecto a los símbolos que conmemoran a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esta situación ha despertado la preocupación de varias figuras públicas, incluyendo al diputado del PSOE, Daniel Alastuey, quien ha hecho un llamado urgente al Gobierno autonómico para que retome las políticas de memoria histórica que han sido relegadas.

Alastuey ha expresado que la reciente eliminación de la ley que regulaba la memoria democrática ha generado un clima preocupante que trivializa el sufrimiento de las víctimas y les ha dado a algunas personas la percepción de que pueden vandalizar sin repercusiones esos monumentos conmemorativos. Este sentimiento de impunidad ha llevado a actos como la profanación de placas que rinden homenaje a las víctimas en la Comarca de Gúdar-Javalambre, donde la Asociación Pozos de Caudé ha realizado un esfuerzo notable para restaurar estos recordatorios.

Durante una rueda de prensa, el parlamentario socialista subrayó que la derogación de la Ley de Memoria Democrática fue un “precio” que el Partido Popular tuvo que pagar para aprobar los presupuestos del próximo año, coincidiendo su anuncio con el aniversario de la muerte de Franco. A su juicio, esta ley era esencial para honrar adecuadamente a todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

Alastuey también criticó un Plan de Concordia que el gobierno actual propuso como sustituto de la ley derogada, estimando que este plan es poco más que una fachada vacía, ya que según su criterio, no se han llevado a cabo acciones concretas en su implementación.

El diputado añadió que este nuevo enfoque del Gobierno no ha logrado más que banalizar el legado de quienes sufrieron durante aquellos oscuros periodos, y ha hecho un llamado a la atención sobre cómo algunos sectores de la política se sienten ahora legitimados para menospreciar e insultar los símbolos de las víctimas.

Para abordar esta problemática, el Grupo Socialista planea presentar varias iniciativas parlamentarias que exigirán al Ejecutivo que lidere Jorge Azcón a responder por las acciones que ha tomado en cuanto a la memoria histórica y que se comprometa a restaurar las políticas que habían sido derogadas.

El interés principal de Alastuey radica en solicitar información sobre cómo se están utilizando los fondos destinados a promover la concordia y la memoria democrática, especialmente ante un pronosticado aumento del 10% en dicho presupuesto. De acuerdo a sus estimaciones, las cifras de financiación por parte del Gobierno de España para 2024 y 2025 se suman a un total considerable que requiere claridad sobre su uso.

Asimismo, el diputado hizo hincapié en que los planes de concordia deben ser evaluados de manera crítica: “Queremos saber si estas iniciativas realmente existen y hasta qué punto se han llevado a cabo”. Su insistente denuncia sugiere que podrían encontrar solamente una “hoja en blanco”, lo que retrataría a las políticas del Gobierno como un intento de desviar la atención de la derogación de la ley de memoria.

Además, el PSOE también busca volver a poner en primera fila la labor de las organizaciones memorialistas, reconociendo su papel crucial en la preservación de la memoria de aquellos afectados por la violencia del pasado.

En conclusión, Alastuey remarcó su deseo de que el Gobierno de Aragón deje de encubrir la verdad a los aragoneses, se haga responsable de las políticas de memoria y apoye a las asociaciones que luchan por mantener viva la memoria de las víctimas.