ZARAGOZA, 20 Dic. - El Gobierno de Aragón continúa su labor para ofrecer seguridad jurídica a todos los operadores de energías renovables, tras la decisión del Consejo de Ministros de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley autonómico de medidas urgentes para la transición energética y el consumo de cercanía, promulgado el 20 de marzo.

La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha expresado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el cuestionamiento de este decreto-ley por parte del Gobierno de España no era sorpresa y considera que lo verdaderamente inusual es que no se haya llegado a ningún acuerdo.

Se han identificado un total de 20 artículos del decreto-ley que han suscitado dudas sobre su constitucionalidad. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han determinado que la eliminación de algunos de ellos afectaría negativamente a la seguridad jurídica de la norma y no sería útil para los operadores, por lo que el Gobierno de Aragón ha defendido en su totalidad el decreto-ley.

También se ha mencionado que el grupo popular se abstuvo durante la votación del decreto-ley en las Cortes de Aragón, en la última etapa de la legislatura anterior. Ahora, una de las opciones es aprobar una ley de garantías.

"La filosofía que nos guía es la ordenación de las energías renovables en coordinación con el territorio", destacó Vaquero, quien añadió que esa filosofía no cambiará.