Vox insta al PP a acatar la sentencia del TSJA y a agilizar la licitación del servicio de autobuses.
ZARAGOZA, 11 de julio.
David Flores, concejal del grupo Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha manifestado su oposición a la inacción del Gobierno local, liderado por la alcaldesa Natalia Chueca del Partido Popular, en lo relativo a la licitación del contrato del servicio de autobuses urbanos, tal como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Flores ha expresado la "alarma" del partido ante el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la sentencia emitida en marzo de 2024, que ordenaba la inmediata licitación del contrato de autobús urbano. Según el concejal, este incumplimiento se prolonga a pesar de que la corte había establecido un plazo de seis meses para ejecutar la decisión, un período que fue impugnado por el Ayuntamiento, que solicitó una prórroga a un año. Esa extensión ha caducado en marzo, y el concejal reafirmó que "la licitación debería haberse efectivizado ya".
En una conferencia de prensa, Flores subrayó la importancia de esta contrata, señalando que es la de mayor valor económico para el Ayuntamiento de Zaragoza y uno de los servicios que impactan más directamente en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Flores añadió que el asunto del contrato de autobuses urbanos ha sido objeto de controversia desde las elecciones municipales de 2023, resaltando que la extensión del contrato se realizó de manera apresurada justo antes del inicio de las vacaciones de verano, lo que, según su interpretación, va en contra de la intención de la sentencia judicial de 2021.
Mientras el concejal de Vox instaba al Gobierno de Zaragoza a tomar acciones concretas, la alcaldesa Chueca anunció que la nueva licitación para el servicio de autobuses se llevará a cabo en septiembre, con la intención de incorporar mejoras relacionadas con el convenio colectivo, que aún están en discusión entre el comité de personal y la empresa concesionaria, Avanza.
En relación a esta cuestión, Flores indicó que resulta irónico que los trabajadores que solicitaron judicializar la prórroga del contrato ahora requieran tiempo adicional para finalizar las negociaciones del convenio que garantizarían mejoras en el nuevo contrato de servicio.
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