En el Ayuntamiento de Huesca, el portavoz de VOX, José Luis Rubió, junto con el diputado David Arranz, han tomado la firme decisión de emprender acciones legales contra la Alcaldía si no se restablecen las vallas publicitarias que abordan la cuestión de la inmigración, y si no se archiva el procedimiento relacionado con su retirada.

VOX Huesca ha presentado un recurso formal en contra de un Decreto de Alcaldía emitido el pasado 30 de junio, que fue notificado el 2 de julio y que detalla la intención de retirar dos vallas publicitarias ubicadas en la entrada de la ciudad, las cuales habían sido contratadas de forma legal.

Los mensajes de estas vallas incluían frases como "Tu seguridad, nuestra prioridad" y "Extreme la precaución en esta zona. PP y PSOE están repartiendo ilegales aquí".

Rubió ha calificado el Decreto de Alcaldía como un acto "injusto, ideológico y contrario a la ley", argumentando que representa un ataque directo a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de su partido, así como de los ciudadanos que les apoyaron en las urnas.

Las alegaciones presentadas por VOX se basan en cinco puntos. El primero de ellos sostiene que el decreto en cuestión infringe la libertad de expresión y el derecho a la difusión de ideas políticas.

El portavoz también destacó que los mensajes en las vallas son "opiniones políticas legítimas", que están protegidas por el artículo 20 de la Constitución Española, independientemente de si son o no del agrado de todos.

VOX ha expresado su preocupación por el aumento de la criminalidad en Huesca, respaldada por datos oficiales del Ministerio del Interior que indican un incremento del 12.6% en delitos entre 2023 y 2024. Según Rubió, en lugar de abordar esta problemática, el Ayuntamiento se dedica a perseguir la información que denuncia la realidad.

Asimismo, la segunda alegación subraya que se está vulnerando el derecho a la participación política en igualdad de condiciones. Rubió insistió en que "VOX es una fuerza legítima y legal", y que retirar sus vallas equivaldría a silenciar a los ciudadanos que comparten sus ideas.

En el tercer argumento, se sostiene que el Ayuntamiento se está intrometiendo en un contrato privado sin justificación legal. Rubió enfatizó que las vallas fueron instaladas legítimamente a través de un acuerdo comercial en curso, que también permite a VOX poner más vallas publicitarias en los años 2025 y 2026.

A pesar de esto, la empresa que colocó las vallas retiró los anuncios de manera unilateral tras una supuesta mediación con la Alcaldía, un proceso que Rubió considera no objetivo, ya que no se permitió a VOX presentar su defensa adecuadamente.

VOX ha argumentado que la intervención del Ayuntamiento carece de justificación y proporción, ya que el decreto no detalla por qué los mensajes serían considerados discriminatorios.

Rubió ha lamentado que no se les haya proporcionado copia de las supuestas denuncias ni se han identificado a quienes, supuestamente, habrían generado la alarma social que menciona la Alcaldía, tildando la actuación de esta última como "arbitraria y desproporcionada".

Ante todo esto, se ha preguntado si la molestia radica en las vallas o en el hecho de que se aborde el problema de la inmigración ilegal y la criminalidad con datos concretos.

La quinta alegación exige la restitución de los derechos de VOX, y en caso contrario, una correspondiente compensación. Rubió ha dejado claro que están dispuestos a ir a los tribunales si las vallas no son restablecidas y si no se archiva el expediente, denunciando que no se permitirá que se pisoteen sus derechos por razones ideológicas.

Arranz, por su parte, ha subrayado que las alegaciones están fundamentadas en el derecho y el sentido común, e instó a la empresa a respetar el contrato vigente. Recordó que la campaña publicitaria está en línea con otras acciones similares a nivel nacional, en las cuales no se ha enfrentado a condenas en otras provincias.

Ambos líderes de VOX están decididos a evitar litigios innecesarios, pero no temen enfrentarse a posibles presiones. Tienen la firme intención de defender su mensaje político, que consideran refleja una legítima preocupación por el aumento de la criminalidad en la región.

Arranz destacó que los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento alarmante en la criminalidad, tanto convencional como total, en el contexto de la provincia de Huesca. Reiteró que la campaña de VOX no promueve la violencia ni la discriminación, sino que se basa en hechos que deben ser debatidos en una democracia saludable.

Finalmente, argumentó que es válido criticar el mensaje político de VOX, pero cuestionó la validez de aprobar decretos que contrarrestan el verdadero pluralismo que debería prevalecer en el ámbito democrático.