La situación de los menores migrantes en Aragón ha generado un intenso debate en la esfera política. El delegado del Gobierno en la región, Fernando Beltrán, ha expresado este martes su preocupación por los desafíos humanitarios que rodean a estos jóvenes, subrayando también la importancia de adherirse a la ley en este contexto. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido aceptar el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo autonómico, en relación a la exigencia del Ministerio de Juventud e Infancia de obtener información sobre las plazas y la ocupación de los centros destinados a menores migrantes.

Beltrán, en su comparecencia ante los medios, ha dejado claro que el Gobierno de Aragón es el único entre todas las comunidades autónomas que ha hecho caso omiso al requerimiento del Ministerio, negándose a proporcionar datos sobre el número de menores migrantes que se encuentran bajo su tutela.

El delegado calificó esta situación como "bochornosa", alegando que revela la ineficacia del Gobierno liderado por el presidente Azcón, quien se encuentra bajo la influencia de VOX. Además, acusó a este Ejecutivo de actuar de manera insolidaria, no solo con los menores en cuestión, sino también con el resto de las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el Partido Popular.

Beltrán concluyó su intervención destacando que esta problemática no solo se trata de la disponibilidad de recursos—que según él, sí existen para implementar políticas de reducción fiscal—sino que se trata de una cuestión de "humanidad, solidaridad y dignidad como sociedad". Hizo hincapié en que los niños no deben ser objeto de negociación en un contexto político, sugiriendo que merecen un enfoque más compasivo y solidario.