El Gobierno de Aragón lamenta la decisión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de continuar con la cotización de la formación en prácticas de los estudiantes a partir del próximo uno de enero. La Comunidad había solicitado una moratoria hasta que se aclarasen las dudas técnicas y se dispusiera de un sistema de gestión del alta en la Seguridad Social fiable y técnicamente viable, pero el Ejecutivo central ha desoído la reclamación conjunta de otras diez Comunidades.

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participó la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de Aragón, Claudia Pérez Forniés, se comunicó esta decisión. La consejera afeó a la ministra que abandonara la reunión sin escuchar a todos los consejeros para anunciar que la medida se mantendría para el uno de enero. Además, ha señalado la "inseguridad jurídica" y los efectos negativos que puede tener esta medida por su deficiente implementación, pudiendo "romper los puentes entre el mercado laboral y la FP".

La consejera ha recordado que ya se avisó por escrito hace semanas al Gobierno central de las dudas que plantea la medida, como la imposibilidad de dar de alta al alumnado extranjero, la fecha límite para las bajas o la compatibilidad de prestaciones y otras ayudas. Estas dudas, según ha reiterado, no se han resuelto y afectan especialmente a los alumnos más vulnerables, poniendo en riesgo el sistema ya que "las prácticas son obligatorias para titular".

En la Conferencia se ha criticado también la falta de unidad de criterio de las distintas Tesorerías Generales de la Seguridad Social y los problemas que están encontrando otras comunidades autónomas al intentar dar de alta al alumnado y obtener números de afiliación para los estudiantes.

Por todo ello, desde Aragón se proponía establecer una prórroga que evitara el caos que supondrá la entrada en vigor de la medida en las condiciones actuales. En su defecto, un aplazamiento hasta septiembre para garantizar la calidad formativa y la titulación del alumnado en prácticas, evitando la desigualdad entre los alumnos por la implementación a mitad de curso.

En relación a otros temas, en la reunión se acordaron los criterios de distribución de distintos programas de cooperación territorial en el ámbito educativo, financiados en parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aragón recibirá un total de 9,3 millones de euros, destinando 3,74 millones al impulso de la escolarización infantil en el primer ciclo, creando nuevas plazas prioritariamente para niños de 1 y 2 años en zonas rurales.

También se destinarán 2,8 millones al redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional, permitiendo la creación de hasta 1.500 nuevas plazas para atender la creciente demanda de puestos de trabajo que requieren cualificación intermedia. Finalmente, los remanentes del programa Código Escuela 4.0 se utilizarán para financiar actuaciones de acompañamiento al profesorado en la integración del pensamiento computacional, los lenguajes de programación y la robótica.