HUESCA, 16 de septiembre.

La Diputación de Huesca ha decidido destinar 300.000 euros a mejorar la seguridad en 38 localidades de la provincia. Este año, 36 municipios y dos entidades locales recibirán la oportunidad de instalar sistemas de videovigilancia bajo el programa denominado Plan de Seguridad Rural 2025, que triplica la inversión del año anterior.

Un total de 81 solicitudes han sido registradas por la institución provincial, lo que representa un incremento significativo de 30 peticiones en comparación con 2024. Este interés creciente en el programa, que se implementó por primera vez el pasado año, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas rurales.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, se trasladó este martes a Peraltilla, donde fue recibido por el alcalde José Pedro Sierra y el diputado provincial Fernando Torres. Esta localidad es una de las beneficiarias del Plan de Seguridad Rural para el año 2025.

Claver resaltó el éxito del programa, afirmando que la cantidad de solicitudes es una clara evidencia de su efectividad. Destacó que, en esta ocasión, se ha aumentado significativamente la participación, pasando de 100.000 a 300.000 euros, priorizando a aquellos pueblos con menor número de habitantes que aún carecían de sistemas de videovigilancia.

Asimismo, el presidente de la DPH subrayó la importancia de impulsar la seguridad en los municipios, enfatizando que un entorno seguro es fundamental para fomentar la actividad económica, retener a la población y hacer que las comunidades sean más dinámicas y activas.

El alcalde de Peraltilla expresó su agradecimiento por la implementación de este innovador plan, diseñado exclusivamente para los municipios, lo que permitirá la instalación de cámaras de seguridad, beneficiando tanto a los ciudadanos como a los negocios locales.

El Plan de Seguridad Rural fue inaugurado en 2024 con el fin de ayudar a las pequeñas localidades en la prevención de delitos e infracciones vinculadas a la seguridad pública, mediante el equipamiento e instalación de sistemas de videovigilancia.

Para llevar a cabo estos proyectos, es fundamental contar con la autorización de la Delegación del Gobierno en Aragón, asegurando que solo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a las imágenes y su tratamiento.