ZARAGOZA, 2 Abr. - En el ámbito de las comparecencias legislativas, la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos se reunió este miércoles para escuchar a representantes de la Asociación de perjudicados por el alcalde del pueblo zaragozano de Monterde. La discusión se centró en lo que cataloga como "inmatriculación irregular de propiedades privadas" por parte de la administración municipal, resaltando el impacto negativo que esta situación tiene en la vida de los ancianos del lugar.

El portavoz de la asociación, Arturo Pardos, expresó su preocupación por el sufrimiento de los vecinos del municipio, especialmente los más mayores, quienes están sufriendo las consecuencias de lo que considera un atropello por parte del alcalde, José Gracia, del Partido Popular. "Nos hemos unificado para defender los derechos de los ciudadanos de Monterde frente a esta injusticia", subrayó al comienzo de su intervención.

Pardos relató un caso emblemático que ha marcado a la comunidad: el descubrimiento por parte de la familia de una vecina fallecida, Marcelina Ramón, de que su casa había sido registrada a nombre del Ayuntamiento sin su consentimiento. La investigación posterior reveló que esta situación no era única, ya que otras familias también se han visto afectadas, un hecho que tomó por sorpresa tanto a los vecinos como a concejales del mismo partido del alcalde.

La denuncia se dirige hacia la inscripción de propiedades privadas como si fueran terrenos públicos, con la complicidad de registros que no consideraron los derechos de los propietarios legítimos. "Se ha producido un despojo sin el consentimiento de quienes habitamos estas viviendas", añadió Pardos, quien también alertó sobre la manipulación de los datos catastrales para clasificar las propiedades como municipales.

El portavoz denunció que el alcalde sigue obstaculizando cualquier intento de los residentes por regularizar sus propiedades en el Registro de la Propiedad, lo que agrava aún más la situación. Pardos exigió a los parlamentarios que actuasen e investigaran este aparente abuso de poder, señalando que tanto el Ayuntamiento como los individuos implicados deberían asumir su responsabilidad tanto económica como penal por el sufrimiento infligido, especialmente a los ancianos.

Desde el Partido Popular, María Navarro apuntó que los conflictos sobre la propiedad son complejos y que varios organismos han estado involucrados en el proceso. Afirmó que los ciudadanos tienen derecho a reclamar lo que consideran justo, pero subrayó las complicaciones legales que presentan estos casos.

El representante socialista, Sergio Ortiz, destacó la falta de transparencia del alcalde sobre los costos que enfrenta el Ayuntamiento debido a las demandas. Aparentemente, al menos un concejal del equipo gubernamental se unió a las demandas de los vecinos por la confusión generada.

Isabel Lasobras, de Chunta Aragonesista, expresó su respaldo a los afectados, enfatizando la vulnerabilidad que enfrentan ante la posible pérdida de sus propiedades. Criticó la falta de comunicación por parte de la administración local, sugiriendo que las intenciones del Cabildo podrían estar destinadas a generar litigios sin aviso previo.

Pilar Buj, de Aragón Teruel Existe, calificó la situación como "intolerable". La diputada aseguró que los afectados están sufriendo un doble golpe: tanto moral como económico, y señaló que el alcalde debería haber comunicado a los ciudadanos lo que ocurría. Consideró que la falta de transparencia en este asunto es inaceptable y que debe ser corregida.

Finalmente, Alberto Izquierdo, del Partido Aragonés, cuestionó la ignorancia de los concejales sobre este asunto, sugiriendo que era imposible que tanto el gobierno local como la oposición no estuviesen al tanto de lo que estaba sucediendo. Además, insinuó que la falta de control permitiría al alcalde actuar sin justificación, sugiriendo que todos los concejales son, en cierta medida, cómplices de esta situación.