ZARAGOZA, 27 de enero. En un esfuerzo por fomentar la participación ciudadana en las próximas elecciones del 8 de febrero, el sindicato CCOO en Aragón ha presentado un total de 67 propuestas, una por cada escaño de las Cortes regionales. Estas iniciativas buscan proporcionar a los ciudadanos herramientas claras para que puedan hacer un ejercicio de votación que defienda verdaderamente sus intereses.

Durante una reciente rueda de prensa, los líderes del sindicato, Manuel Pina y Carmelo Asensio, dieron a conocer este compendio de propuestas. Esta tarde, los planteamientos del sindicato serán discutidos en un foro con representantes de partidos considerados "progresistas", con el objetivo de contrastar sus postulados con los programas electorales que se presenten.

Desde su concepción en 2015, este documento ha ido evolucionando y actualizándose con cada nueva convocatoria electoral. Las propuestas abarcan no solo el ámbito laboral y las relaciones laborales, sino también la defensa de los servicios públicos, el desarrollo económico y territorial, así como políticas sociales que son fundamentales para nuestra comunidad, explicó Asensio.

Pina agregó que el propósito de "67 propuestas para 67 escaños" es incentivar la participación activa en la campaña electoral, sin restar protagonismo a los partidos políticos. Se busca que toda la clase trabajadora se sienta convocada y empoderada para hacer oír sus demandas.

Las propuestas se organizan en cuatro categorías principales: diálogo social, servicios públicos, desarrollo económico y territorial, y políticas sociales, enmarcadas todas dentro de las competencias del Gobierno de Aragón.

En la sección dedicada al diálogo social, el sindicato exhorta a mantener este principio, que considera un "pilar" en la identidad aragonesa, y extenderlo al ámbito gubernamental. Además de las políticas de empleo, igualdad y formación, Pina también subrayó la necesidad de abordar el grave problema de la siniestralidad laboral.

"Estamos muy preocupados", enfatizó, recordando los trágicos veranos de 2023 y 2025, en los que las cifras de fatalidades laborales fueron alarmantes. Pidió que el tema reciba atención continua y sugirió que se deben abordar tres áreas clave: la responsabilidad de las empresas en la prevención de riesgos, la concienciación social sobre la importancia de cumplir las normativas de seguridad, y la adecuada supervisión en estos aspectos.

En lo que respecta a los servicios públicos, se hizo un llamado a fortalecer tanto la sanidad pública como la educación, asegurando condiciones laborales y presupuestos justos. Pina expresó su satisfacción por los avances en la dignificación de la Formación Profesional, que ahora ofrece mejores salidas laborales, aunque lamentó que el aumento de plazas se esté dando principalmente en el sector privado.

Por tanto, solicitó un incremento de las plazas de Formación Profesional en el ámbito público, especialmente en áreas de alta demanda, como la sanidad y las tecnologías de la información.

El documento también aboga por un desarrollo económico integral, sugiriendo que las políticas de inversión se dirijan hacia una industrialización que beneficie a toda la región. Defendió la importancia de realizar transiciones "justas", aprendiendo de errores del pasado.

Pina propuso medidas como la creación de una banca pública y una compañía energética pública que contribuya al sostenimiento de infraestructuras existentes y facilite el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos del Pirineo, evitando que el Gobierno central recupere control sobre estos recursos.

Finalmente, en la parte referida a políticas sociales, se hacen menciones a la juventud, el envejecimiento, las discapacidades y la atención a la dependencia. Pina enfatizó la necesidad de crear un entorno inclusivo que respete la diversidad y la pluralidad, así como de abordar el tema de la vivienda, que se ha convertido en una inquietud urgente para muchas familias en la región.