
El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha decidido tomar acción ante las acusaciones contenidas en un informe elaborado por los relatores Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz contra la derogación de las leyes de memoria democrática de tres comunidades autónomas, incluida Aragón. En respuesta, enviará un informe a Naciones Unidas para desmentir lo que considera "inexactitudes, falsedades y omisiones".
ZARAGOZA, 6 de mayo.
En su carta al secretario general de la ONU, António Guterres, Azcón señaló que Aragón no ha aprobado una ley de concordia, como se menciona en el informe, sino que derogó la Ley de Memoria Democrática por considerarla sesgada e ideológica. La norma anterior, según el presidente, no brindaba una visión equilibrada de la historia y promovía la confrontación entre aragoneses al idealizar la Segunda República.
El mandatario aragonés destaca que la derogación no impide la búsqueda y honra a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, y ha aumentado el presupuesto para exhumaciones. Además, asegura que se mantiene el portal web de memoria democrática y la información sobre fosas comunes en Aragón.
Respecto a las subvenciones, Azcón defiende que la justificación necesaria es una norma legal en España y propia de un Estado democrático. Ante la posibilidad de enviar más información a la ONU, el presidente espera profundizar en los aspectos legales de la situación en un nuevo informe.
Azcón también expresó su sorpresa por la falta de audiencia previa al Gobierno de Aragón antes de publicar el informe, lo cual considera que ha afectado la imparcialidad de las conclusiones. Además, señaló que el informe contiene información sesgada proveniente del Gobierno de España.
En cuanto al Plan de Concordia que se aprobará próximamente, el presidente aseguró que no busca invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas, incluidas las del periodo democrático y las del terrorismo. Tanto el PP como él mismo han condenado en múltiples ocasiones el golpe de Estado de 1936 y la represión franquista.
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