En una declaración reciente, la consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha confirmado que el Gobierno regional continuará cumpliendo con la normativa vigente, aunque se opondrá firmemente a la política de reparto forzado de menores migrantes no acompañados establecida por el Gobierno central. Este anunció se produce en un contexto donde las decisiones de Pedro Sánchez parecen priorizar sus alianzas políticas sobre el verdadero bienestar de estos niños.

Desde el Ejecutivo aragonés se ha dejado claro que se impugnarán todos los actos administrativos que imponen un reparto que, según ellos, discriminan a algunas comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco. Este enfoque, critican, está más alineado con los intereses personales del presidente y sus pactos con movimientos independentistas que con una gestión justa y equitativa de la situación.

Los servicios jurídicos del Gobierno aragonés están a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto y el reglamento relacionados con el traslado de menores desde Canarias y Ceuta a otras comunidades. Recalcan que el contenido de estas nuevas normas contribuye a un sistema de reparto arbitrario que no tiene en cuenta las necesidades reales de los menores ni los criterios técnicos necesarios para garantizar su protección efectiva.

Además, desde el Gobierno de Aragón han expresado su preocupación por el tono autoritario de las nuevas regulaciones, citando las amenazas provenientes del presidente Sánchez y de la ministra Sira Rego hacia las comunidades autónomas. Estas actitudes, consideran, son inaceptables en un marco democrático y constituyen un agravio que debe ser denunciado.

A pesar de las circunstancias adversas y la falta de recursos, el Gobierno aragonés sigue trabajando en el proceso de acogida de menores migrantes no acompañados, enfatizando que estos niños son la prioridad en la gestión. Sin embargo, la falta de financiación, información y coordinación plantea serios desafíos a la hora de implementar políticas efectivas.

La consejera Susín también ha señalado el caos que impera en la reubicación de menores bajo protección internacional desde Canarias, afirmando que ni siquiera las autoridades locales cuentan con la información necesaria para garantizar su adecuada tutela. La situación ha sido descrita como un verdadero desorden, lo que pone en evidencia la falta de liderazgo en el Gobierno central.

En conclusión, Susín ha criticado la falta de dirección en la gestión de un tema tan crítico como el bienestar de los menores migrantes. En su opinión, la actual política del Gobierno, centrada en el interés personal de Sánchez, está obstruyendo los esfuerzos necesarios para proteger a quienes realmente lo necesitan.