En Zaragoza, el 21 de mayo, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha expresado su preocupación por las decisiones del Gobierno de España, señalando que estas podrían afectar seriamente la sostenibilidad del sistema de dependencia en la comunidad aragonesa. En un tono crítico, ha instado al Estado a saldar una deuda que asciende a 50 millones de euros para el año 2024, advirtiendo que la situación es insostenible.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, donde estuvo acompañada por Ángel Val, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Susín enfatizó que el gobierno regional está cumpliendo con sus responsabilidades en este ámbito, esforzándose por mejorar la atención a las personas dependientes.

Sin embargo, Susín no dejó pasar la ocasión de criticar al Gobierno de España por su acumulada deuda con Aragón, que asciende a aproximadamente 50 millones de euros, en incumplimiento de la ley que establece que el Estado debe cubrir el 50% de los costos de los servicios de dependencia. Aclaró que Aragón ha invertido 320 millones en 2024, de los cuales solo 110 provienen del gobierno central, el restante siendo aporte de la comunidad autónoma.

De manera contundente, la consejera afirmó que la gestión del Gobierno de Sánchez muestra una clara falta de compromiso con la equidad, insinuando que existen dependientes de "primera" y "segunda" categoría, dependiendo de las necesidades políticas del presidente. Susín aludió a un acuerdo que beneficia al País Vasco, evidenciando la inequidad en la distribución de fondos.

Recordó que, el pasado 10 de abril, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió en una reunión que envolvía al País Vasco a asumir el 50% del gasto total relacionado con la dependencia, una promesa que ha quedado en el aire mientras las comunidades autónomas siguen afrontando déficits de financiación.

Susín enfatizó que el Gobierno de España perpetúa un "agravio" hacia autonomías que, como Aragón, trabajan arduamente para elevar la calidad de sus servicios de atención a la dependencia. A pesar de sus esfuerzos, se mostró pesimista sobre el futuro de la financiación estatal.

La responsable autonómica también proporcionó estadísticas que muestran una mejoría en la atención a personas dependientes en Aragón, subrayando un aumento en el número de beneficiarios y servicios prestados. Hasta el 30 de abril de 2025, más de 46.000 aragoneses reciben atención, marcando un incremento superior al 14% en la atención y un 23% en las prestaciones respecto a principios de 2024, lo que indica la capacidad de la comunidad para gestionar sus recursos efectivamente.

Explicó que, en contraste, el Gobierno central continúa evadiendo su responsabilidad en la financiación, trasladando el peso de la atención a la dependencia a las comunidades autónomas. Susín calificó este hecho como una muestra de cómo las autonomías que cumplen con las leyes se ven penalizadas, mientras que aquellas que no lo hacen son favorecidas.

Asimismo, mencionó que la congelación del nivel acordado de financiación afecta a regiones como Aragón, que se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones, a diferencia del País Vasco. Criticó la "paradoja" que representa la penalización que sufren las comunidades más cumplidoras, que se ven obligadas a lidiar con un sistema que cada vez se vuelve más costoso.

La consejera advirtió que la infrafinanciación de ciertas comunidades podría convertirse en una constante en la gestión del Gobierno español, argumentando que este modelo empodera al Estado mientras relega la atención a las personas dependientes a un segundo plano.

En términos de recortes, Susín hizo hincapié en la reducción del 25% de los fondos destinados al Plan Corresponsables por parte del Ministerio de Igualdad, un recorte que se traduce en 2,6 millones de euros menos para Aragón.

Con preocupación, enumeró cómo estos recortes amenazan servicios críticos dirigidos a la infancia y otras áreas esenciales, colocándolas en una situación vulnerable.

Finalmente, Carmen Susín reafirmó el compromiso del Gobierno de Aragón en garantizar una financiación justa para la dependencia, exigiendo que el Estado asuma su parte correspondiente como lo hace con otras comunidades, como el País Vasco. Concluyó que la equidad en la atención a los dependientes no debería depender del favoritismo o de conveniencias políticas.