En Zaragoza, el Ayuntamiento ha decidido implementar nuevas medidas para apoyar a los jóvenes inmigrantes subsaharianos, habilitando cuatro pisos que ofrecerán un total de 20 espacios. Este programa tiene como objetivo facilitar su integración social y laboral, mediante la formación proporcionada por la Fundación Dolores Sopeña.

Además, se prevé la licitación de un contrato menor en las próximas semanas para un innovador proyecto piloto destinado a un grupo de 12 jóvenes sin hogar, el cual podría extenderse en el futuro.

El albergue municipal tiene actualmente 160 plazas, que incluyen 40 adicionales destinadas a situaciones de frío extremo durante los meses de noviembre a marzo. También se planea habilitar un amplio piso para 25 hombres, en colaboración con Cruz Roja, para fortalecer el apoyo ofrecido por estas instalaciones.

Por otro lado, se sumarán 55 plazas a las del albergue municipal, donde 40 serán para hombres y 15 para mujeres, todo ello previsto para finales de año con la finalización de la ampliación del albergue, que ya cuenta con mobiliario adquirido para su uso inmediato.

Con estas adiciones, el albergue alcanzará aproximadamente 240 plazas, a las que se añadirán otras 65 viviendas temporales, brindando un total de 420 recursos disponibles en la ciudad.

En paralelo, se gestionará un nuevo contrato de alimentación para atender a las 55 nuevas plazas, con la meta de que estas se ocupen completamente a principios de 2026, lo que también conllevará la contratación de 13 nuevos empleados.

Desde 2019, el tiempo de estancia en el albergue se ha ampliado considerablemente, pasando de seis días cada tres meses a posibilidades de hasta 60 días, en un esfuerzo por atender las necesidades de los usuarios de manera más efectiva.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha manifestado su confianza en que estas iniciativas contribuirán a optimizar el uso del albergue, cuyo mantenimiento está siendo renovado con una inversión de 5 millones de euros para una reforma integral esperada para 2026.

El aumento de recursos para el albergue ha sido significativo, pasando de 563.120 euros en 2017 a 915.197 euros en 2025, lo que refleja un compromiso mayor con la atención al sinhogarismo.

Las colaboraciones con entidades sociales también han crecido, con convenios firmados por 30.000 euros con la Fundación San Blas y la Fundación Federico Ozanam, además de contribuciones del Banco de Alimentos, sumando un total de 514.000 euros frente a los 200.050 euros de 2017.

Orós ha detallado los diferentes perfiles de personas en situación de sinhogarismo en Zaragoza, entre los que destacan los inmigrantes con derecho o sin derecho a protección internacional, así como trabajadores vulnerables con dificultades para cubrir sus necesidades básicas de vivienda.

De acuerdo a los datos facilitados, entre los 53 individuos localizados en el Parque Bruil, se han identificado 29 jóvenes procedentes de Mali y Burkina Faso, cuyo incremento es notorio y que buscan protección internacional al llegar a España.

Estos jóvenes tienen derecho a solicitar protección internacional en el departamento de Extranjería, lo que les permitiría regularizar su situación y acceder a trabajo y vivienda. No obstante, el Gobierno de España debería hacerse cargo de su atención, ya que hay 321 plazas libres en Aragón que no están siendo ocupadas.

Orós ha señalado que esta responsabilidad recae en el Ayuntamiento, que debe ofrecer cuidado y atención mientras estos jóvenes esperan asistencia adecuada. Ha enfatizado que es el Gobierno de España el que tiene los recursos necesarios para abordar esta situación.

En sus declaraciones, ha subrayado que, aunque la inmigración representa una oportunidad, la gestión actual del Gobierno requiere mejoras significativas, ya que la burocracia está llevando a muchos jóvenes a vivir en la calle durante meses.

Por último, hizo eco del último recuento de personas sin hogar, que contabilizó 166 en noviembre de 2023. Se llevará a cabo un nuevo registro a finales de este mes, gracias a esfuerzos del Ayuntamiento y Cruz Roja, pues el Gobierno central ha decidido no participar en este proceso.