ZARAGOZA, 11 de junio. En una reciente declaración, Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y titular de las áreas de Presidencia, Economía y Justicia, criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su aparente resistencia a aceptar la existencia de un poder judicial capaz de actuar como contrapeso a sus decisiones.

Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vaquero expresó su respeto hacia la manifestación convocada por distintas asociaciones de jueces y fiscales en relación con lo que consideran un ataque por parte del Gobierno central a la separación de poderes. Subrayó que la movilización es una respuesta clara al intento del ejecutivo de menoscabar tanto el acceso a la carrera judicial como el consenso en la gestión de uno de los pilares fundamentales del Estado, que tiene como misión asegurar el respeto a la ley y equilibrar el poder del Ejecutivo, algo que Sánchez no parece tolerar.

La vicepresidenta describió a Sánchez como inmerso en una "deriva autoritaria" y denunció lo que considera un ataque directo al Estado de Derecho, lo cual, a su juicio, está en el contexto de una serie de escándalos relacionados con la corrupción, que no solo afectan al ámbito personal del presidente, sino que también involucran a su partido.

Asimismo, Mar Vaquero resaltó la defensa que el Gobierno español ha hecho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha sido procesado por el Tribunal Supremo. Indicó que las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en las que cuestionaba al juez instructor, son una anomalía en el funcionamiento democrático que contradice los principios de la misma.

“Las afirmaciones de la portavoz sobre las decisiones judiciales difíciles de entender representan un ataque directo al poder judicial, cuya función es esencial para la salvaguarda de nuestra democracia y el Estado de Derecho”, añadió Vaquero.

La vicepresidenta enfatizó que la situación actual representa un riesgo inminente de que se produzca un cambio de un modelo democrático a uno autoritario que Pedro Sánchez parece intentar instaurar.

Por último, recordó que en la Conferencia de Presidentes, celebrada el 6 de junio, el Gobierno de Aragón solicitó que se incluyera en la agenda la discusión sobre la retirada de la reforma judicial propuesta por el Ministerio de Justicia, insistiendo en la necesidad de eliminar también los proyectos relacionados con la reforma del poder judicial, el estatuto fiscal y la ley de enjuiciamiento criminal.