En un movimiento significativo para fortalecer la infraestructura ferroviaria en España, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha hecho una poderosa inversión de 6,7 millones de euros. Esta cantidad se destina a la licitación de obras orientadas a aumentar la resiliencia de la línea de alta velocidad (LAV) que conecta Madrid, Barcelona y la frontera francesa, específicamente en el tramo que transcurre por la provincia de Zaragoza, donde las inclemencias meteorológicas han representado un desafío creciente.

La ejecución de este proyecto, que será llevado a cabo por Adif, implica una serie de trabajos esenciales en cinco puntos de un tramo de 13 kilómetros de dicha línea. El objetivo primordial de estas obras será el refuerzo del sistema de drenaje, lo que asegurará un mejor desagüe de las aguas pluviales hacia el adyacente río Jalón, un aspecto que se ha vuelto crucial dada la intensidad y frecuencia de las fuertes lluvias.

Entre las acciones específicas que se llevarán a cabo se incluyen el levantamiento de la rasante de los caminos de servicio para prevenir el acumulamiento de agua en las vías, la extensión de cunetas, la edificación de muros de contención, y el encauzamiento de aguas de arroyos que fluyen bajo las vías. Además, se implementarán nuevas soluciones de drenaje que incrementarán la capacidad de desagüe de la línea, asegurando una mayor seguridad y eficiencia operativa.

Adicionalmente, es importante resaltar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso más en la modernización y protección del sistema ferroviario. Se ha contratado recientemente la instalación de sistemas de prevención contra el impacto de rayos, especialmente en líneas convencionales ubicadas en Tarragona y Ciudad Real, así como el fortalecimiento de un puente ferroviario en Valdepeñas, todo con miras a preservar la integridad de las infraestructuras durante fenómenos climáticos extremos.

Con estas iniciativas, se busca no solo mejorar la infraestructura ferroviaria, sino también avanzar en la preparación de la red frente a los efectos adversos que pueden derivar del cambio climático, asegurando que estos sirven a los ciudadanos españoles con la solidez que merecen.