En una reciente sesión plenaria de las Cortes de Aragón, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, criticó severamente la actual política de inmigración del Gobierno de España, liderado por el Partido Socialista. Según Susín, la falta de responsabilidad y el enfoque electoralista han primado sobre la verdadera atención a las personas migrantes, lo que ha llevado a una explotación de esta cuestión en el ámbito político.

La consejera no se detuvo ahí y apuntó a las consecuencias de la política de "puertas abiertas" promovida por el presidente Pedro Sánchez. Esta estrategia, según su análisis, no solo fomenta la llegada masiva de migrantes a través de los aeropuertos, sino que también incrementa las actividades de las mafias que se dedican al tráfico de personas, poniendo en riesgo vidas en el mar con la promesa de una vida mejor en España.

Durante su intervención, exhortó a la parlamentaria socialistas Pilimar Zamora a que consulte a la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, sobre la brusca reorientación de 1.000 millones de euros del Ministerio de Educación hacia el área de Defensa, un cambio que pone de manifiesto las prioridades del Ejecutivo actual.

Susín defendió la posición de Aragón al recordar que la gestión de la inmigración es competencia exclusiva del Estado. Criticó la aprobación de transferencias de competencias al Gobierno catalán, destacando que, en contraposición a las decisiones del Gobierno central, Aragón atenderá siempre a la Constitución y la legalidad establecida por el Tribunal Supremo, que determina que Canarias no tiene la facultad de otorgar asilo a migrantes, una limitación que también afecta a Aragón.

En temas de integración social, Susín afirmó que el Gobierno de Aragón está cumpliendo con sus responsabilidades, asignando recursos presupuestarios adecuados y rechazando "los alarmismos" y la retórica del odio que, según ella, han surgido en la discusión pública sobre la inmigración.

Además, se anunció que Bienestar Social destinará recursos a la reagrupación familiar, enfocándose en ayudar a las entidades locales que enfrentan dificultades, así como a los migrantes que se encuentran en situaciones vulnerables.

Por su parte, Zamora expresó su inquietud no solo por los discursos "xenófobos" provenientes de Vox, sino también por la actitud del Partido Popular, que, según ella, muestra una alineación preocupante con la ultraderecha en lo que respecta a la política migratoria. Resaltó que el silencio del Gobierno ante las acusaciones dirigidas a los menores extranjeros no acompañados es alarmante, ya que se ha limitado a revelar información solo bajo orden judicial.

La parlamentaria socialista cuestionó las afirmaciones alarmistas sobre la población migrante más vulnerable y acusó a Susín de inacción en el ámbito de la gestión de la diversidad. En un tono crítico, dijo: "Por sus frutos los conoceréis", sugiriendo que las acciones del Gobierno no están alineadas con sus discursos.

Zamora defendió que la tendencia migratoria en Aragón ha sido positiva durante las últimas dos décadas y nunca había generado tensiones hasta el momento. Afirmó que acoger a quienes buscan una vida mejor es un imperativo moral y un deber que no solo se basa en el derecho internacional, sino que también es clave para fortalecer el estado de bienestar.

La representante socialista concluyó que la inmigración ha tenido un impacto positivo en la economía de Aragón, representando un 15,4% de la población activa, contribuyendo al sistema de pensiones y ayudando a frenar la despoblación rural desde 2002. Sin embargo, advirtió que esta situación requiere políticas efectivas de integración para fomentar una convivencia armoniosa, algo que considera que el Gobierno actual se ha empeñado en obstaculizar.

Finalmente, Zamora cuestionó a Susín sobre la ejecución del Plan de Diversidad 2022-2025, los planes futuros de gestión en 2026 y la falta de convocatoria del Observatorio de Migraciones y Diversidad, resaltando la urgente necesidad de abordar estas cuestiones de forma proactiva.