En un nuevo capítulo que pone de manifiesto los retos que enfrenta la industria automotriz en España, la dirección de la planta de Stellantis en Figueruelas, Zaragoza, ha anunciado la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a 4.200 trabajadores durante un total de 35 jornadas. Esta declaración fue realizada por Rubén Alonso, presidente del comité de empresa de UGT, quien subrayó que dicho ERTE tendría un impacto sobre toda la plantilla.

La implementación de este ERTE está programada para comenzar el próximo 1 de diciembre y se extenderá a lo largo del año 2025. Sin embargo, cabe destacar que los trabajadores que se encuentren en un proceso de jubilación parcial no estarán sujetos a esta medida. Aunque inicialmente se establecen 35 jornadas de reducción, existe la posibilidad de que en ciertos casos se alcance una acumulación de hasta 80 jornadas.

Esta mañana, el comité de empresa recibió la documentación explicativa así como el informe técnico correspondiente al ERTE. Según la dirección de la planta, las razones que justifican esta decisión se centran en problemas de carácter organizativo y productivo. Los representantes de los trabajadores volverán a reunirse este jueves para continuar con el diálogo, después de que el periodo de consultas se abriera el lunes anterior, señaló Alonso.

A la vez, los sindicatos han informado a los trabajadores sobre la solicitud del ERTE. Alonso expresó su opinión al respecto, indicando que antes de llegar a esta instancia, sería más adecuado explorar las opciones de flexibilidad que ya están contempladas en el convenio colectivo actual.

El presidente del comité de empresa concluyó señalando que, históricamente, cualquier situación de ERTE ha estado acompañada de negociaciones y acuerdos entre las partes involucradas, resaltando la importancia del diálogo en este proceso.

Por su parte, fuentes oficiales de la dirección de Stellantis han declarado a Europa Press que durante el periodo de consultas, el objetivo es alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores. Esto incluirá discusiones sobre las condiciones de aplicación del ERTE y la búsqueda de medidas organizativas y de flexibilidad que puedan permitir retrasar o evitar su implementación en última instancia.