ZARAGOZA, 2 de febrero. En un acto de movilización que tuvo lugar este domingo en las tres capitales aragonesas, las centrales sindicales UGT y CCOO Aragón se manifestaron en contra del uso, según ellos, "partidista" de los derechos sociales y de la protección de los sectores más vulnerables. Esta situación se deriva de la reciente incertidumbre provocada por la caída del decreto ómnibus impulsado por el Gobierno, el cual contemplaba una amplia gama de cuestiones, incluyendo la revalorización de pensiones y ayudas al transporte, además de otras 27 medidas sociales.

Con el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', los sindicatos lanzaron un llamado a los partidos políticos que se opusieron al mencionado decreto para que no conviertan a la clase trabajadora, los pensionistas y los sectores más desfavorecidos en "rehenes" de sus "luchas partidistas efímeras". Este mensaje resuena con fuerza en el contexto político actual, donde muchas decisiones parecen dictadas por intereses más que por el bienestar general.

Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón, expresó la "ira" y la "indignación" social que generó la falta de convalidación del decreto ómnibus, al considerar este hecho como resultado de un "indecente juego político". Pina enfatizó que lo primordial debe ser la mejora de la calidad de vida de las personas, particularmente de aquellos en situaciones más vulnerables, un aspecto que parece estar desatendido por algunos políticos.

Según las declaraciones de Pina, la situación se ha resuelto, al menos en parte, gracias a una nueva iniciativa que surge de la "presión" ejercida por las organizaciones sindicales y por la propia sociedad. Esta presión, argumentó, ha llevado al rescate de lo que él denomina el "escudo social", lo que indica que la voz de los ciudadanos y de los trabajadores todavía puede tener un impacto en las decisiones políticas.

El alivio que trajo el anuncio de un nuevo decreto —que fragmenta el contenido del anterior y agrupa gran parte de las medidas sociales— no ha logrado calmar el descontento que llevó a los sindicatos a salir a la calle. José Juan Arceiz, líder de UGT Aragón, subrayó que "aún queda mucho por hacer", subrayando que el trabajo de los sindicatos no concluye con la aprobación de un decreto.

En esta misma línea, Pina hizo un llamado a la "vigilancia", recordando que el reciente colapso del decreto se debió a "juegos políticos", y que el objetivo no es si se subirán o no las pensiones, puesto que esto ya está legislado. Las organizaciones están decididas a estar atentas a posibles alteraciones que puedan perjudicar a los ciudadanos que ya dependen de estas decisiones.

El nuevo paquete de medidas sociales, según Arceiz, tiene el potencial de cambiar la vida de más de 20 millones de personas, ya sea a través del transporte, el aumento de pensiones o la subida del salario mínimo. Sin embargo, él mismo reconoce que sigue habiendo trabajo por delante y ha instado a alcanzar una mayoría que permita avanzar en los Presupuestos y en la reducción de la jornada laboral, temas candentes en la agenda política actual.

"Nos encontramos en un momento crítico", enfatizó Arceiz, al señalar que no puede ser que se juegue con los Presupuestos, considerando que muchos de ellos van directos a apoyar a los más vulnerables. Existe una necesidad imperiosa de que se aprueben las cuentas públicas para poder garantizar subidas salariales para los funcionarios y mejorar los servicios públicos, añadió el líder sindical.

Pina, por su parte, mostró su preocupación ante la inminente negociación sobre los Presupuestos y la posible tramitación de la ley de reducción de la jornada laboral. Advierte que en los próximos meses podríamos encontrarnos ante el mismo "juego" que causa sufrimiento a aquellos que requieren de una protección adecuada.

Respecto a la propuesta de reducir la jornada laboral, Arceiz expresó su desaprobación hacia los parlamentarios que están en contra de esta idea. Sostiene que es inaceptable que aquellos con pensiones aseguradas voten en contra de los derechos laborales de la ciudadanía, y reafirmó que todos deben tener la oportunidad de conciliar mejor su vida laboral y personal.

Durante el acto en la plaza de España de Zaragoza, varios grupos afectados se unieron a la protesta, lamentando que algunas de sus reivindicaciones no fueran incluidas en el nuevo real decreto que PSOE y Junts acordaron. Entre ellos, se encontraban los trabajadores de Correos, quienes demandan la preservación del servicio postal universal.

Pina también subrayó la importancia de abordar de manera urgente las medidas fiscales que sostienen este marco social, añadiendo que las grandes industrias dependen en gran medida de las ayudas relacionadas con el consumo energético. La salud de estas empresas es vital para el mantenimiento del empleo en la región.

Asimismo, representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) estuvieron presentes, liderados por su secretario general, José María Alcubierre, quien expresó su frustración por la exclusión de ciertos incentivos fiscales agrarios en el nuevo decreto. La incertidumbre en el sector, intensificada por la variabilidad del tiempo y los precios del mercado, es un tema prerequisito para garantizar la salud de las explotaciones agrarias y ganaderas, concluyó Alcubierre, quien prometió continuar la lucha por la inclusión de medidas que beneficien a los trabajadores del campo.