Pueyo de Sumar (PP) interroga al Gobierno sobre la participación de menores en corrida de toros en Barbastro

Pueyo de Sumar (PP) interroga al Gobierno sobre la participación de menores en corrida de toros en Barbastro

El diputado Jorge Pueyo, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), ha presentado una serie de preguntas al Gobierno de España sobre la presencia de menores de edad en una corrida de toros en Barbastro (Huesca). Durante este espectáculo, varios cabestros fueron embestidos por un toro, lo cual ha generado preocupación.

Una de las preguntas que Pueyo hace al Ejecutivo central es cómo considera el Gobierno los hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre en Barbastro y si considera que son adecuados para ser presenciados por menores de edad.

Además, el diputado cuestiona cómo el Ministerio de Cultura y otros ministerios competentes van a acatar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y si planean ignorarlas alegando la presunta protección jurídica de la tauromaquia.

Por último, Pueyo también pregunta si los Ministerios de Cultura y Derechos Sociales van a tomar medidas en relación con la presencia e incluso participación de menores de edad en eventos taurinos.

El diputado recuerda en los antecedentes de su pregunta que la presencia de menores en situaciones de riesgo, como un desencajonamiento, va en contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en relación a la tauromaquia y la infancia y adolescencia.

En 2018, este Comité solicitó al Estado español que evitara la participación de niños y adolescentes en espectáculos taurinos, con una recomendación clara de prohibir su participación como toreros o como público menor de 18 años.

Recientemente, el organismo de expertos de Naciones Unidas ha manifestado que los niños deben ser protegidos de toda forma de violencia, incluida la exposición a la violencia contra los animales. En este sentido, la recomendación tiene relación directa con casos como el ocurrido en Barbastro. Por lo tanto, las administraciones tienen la obligación de proteger efectivamente los derechos de la infancia y adolescencia, algo que hasta ahora no se está cumpliendo, según Pueyo.

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