El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha presentado una queja ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) después de que se presentaran los pliegos para la construcción de la nueva Romareda, para determinar si es legal el uso de la fórmula de derecho de superficie para su edificación y explotación. Según Rivarés, esto debería ser un contrato administrativo y no un contrato privado.

Según Rivarés y su argumento, el valor estimado de las prestaciones, tales como las obras o servicios, no puede exceder del 50% del negocio total si se trata de un contrato privado, como sería el derecho de superficie. En este caso, el valor de la construcción del nuevo estadio, según el informe económico del Real Zaragoza, es de 139 millones, mientras que el valor del derecho de superficie estipulado por el Ayuntamiento es de 30,8 millones de euros, "superando ampliamente el 50% del precio y por tanto no podía ser tramitado como un contrato privado, sino como un contrato administrativo".

Además, según Rivarés, se podría estar frente a un verdadero contrato de concesión de obra, ya que existiría una construcción del estadio, su explotación y un riesgo en la operación para el adjudicatario, que son los tres elementos típicos del contrato de gestión de obra contemplados en el artículo 14 de la Ley de Contratos.

Rivarés cree que esto es especialmente relevante, ya que el Gobierno de la ciudad ha optado por una figura de derecho privado para saltarse los plazos legales y ampliar el plazo máximo de 40 a 75 años "con la única finalidad de que el adjudicatario obtenga un rendimiento económico mayor que el que la ley permitiría".

El portavoz de Podemos ha señalado que la responsabilidad del partido con la candidatura al Mundial de Fútbol 2030 contrasta con la "irresponsabilidad" del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, quienes no convocaron un concurso público para elaborar el anteproyecto del campo el pasado mes de septiembre.

Rivarés ha dicho haber optado por la vía administrativa porque es la única manera de asegurar que la operación sea legal sin que haya que paralizar nada. También ha ratificado la alternativa que ha defendido en todo momento, la constitución de una sociedad mixta, como "único plan B" posible en caso de que el TACPA le dé la razón y descarte el derecho de superficie como fórmula legal para hacer el campo.

De hecho, ha dicho que este plan B será el que se ejecutará en caso de formar parte del próximo gobierno, "independientemente de lo que diga el TACPA", ya que "es la única manera de involucrar al Gobierno de Aragón y construir la Ciudad del Deporte, sin que le cueste nada a la ciudad". Rivarés ha responsabilizado al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, por la situación actual a raíz de sus actos.