El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de Aragón, Octavio López, ha expresado su contundente rechazo al reciente acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que busca traspasar a Cataluña la gestión de los secretarios e interventores locales. Según López, esta decisión representa un claro ataque a la legalidad y a la igualdad, mientras que, al mismo tiempo, vulnera lo estipulado en el artículo 149.1 de la Constitución.

López sostiene que el cuerpo de funcionarios encargados de garantizar la cohesión territorial y el apoyo a los municipios debe ser mantenido bajo la jurisdicción estatal. "Los secretarios, interventores y tesoreros de las administraciones locales, cuya selección y provisión son competencia exclusiva del Estado, no pueden ser objeto de cesiones motivadas por intereses políticos personales", argumentó, enfatizando que tal acción es un desaire a los principios constitucionales y de igualdad.

Este jueves, el consejero se reunió con representantes de COSITAL Aragón, el organismo que agrupa a los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Este encuentro tuvo lugar en un contexto tenso, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que permite a Cataluña desplegar su propia gestión sobre los funcionarios habilitados en el ámbito local.

El Gobierno de Aragón se ha alineado con COSITAL Aragón en su rechazo a dicha transferencia de competencias, que consideran peligrosa. Luis Martínez Solano, presidente de COSITAL, ha descrito los acuerdos como "nefastos", insistiendo en que la selección y provisión de estos puestos debe ser gestionada exclusivamente por el Estado, garantizando así un proceso unificado y justo a través de un examen común.

Octavio López ha denunciado que los acuerdos que está suscribiendo el Gobierno central con formaciones nacionalistas, como PNV y Junts, son parte de una estrategia política para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, a expensas de socavar el principio de igualdad que debería regir en nuestro país. Recordó que el artículo 149 de la Constitución consagra las competencias del Estado, incluidas las referentes a los regímenes de las administraciones públicas y el estatuto de los funcionarios, lo que debería asegurar un trato equitativo.

Tanto el Gobierno de Aragón como COSITAL Aragón han subrayado que estos acuerdos impactan negativamente en la igualdad de acceso a los puestos públicos, un derecho fundamental para todos los ciudadanos. La voz de Luis Martínez Solano, secretario general del Ayuntamiento de Utebo y presidente del Colegio de Secretarios e Interventores, se ha alzado en defensa de un sistema de oposiciones controlado por el Estado, que garantice un proceso de selección riguroso y constante.

López lamentó que, debido a condiciones lingüísticas específicas en comunidades como Cataluña o el País Vasco, muchos funcionarios aragoneses se vean impedidos de acceder a empleo en esas regiones, mientras que quienes sí poseen los requisitos pueden venir a trabajar a Aragón. Este desbalance representa, según López, una distorsión en la competencia y en la igualdad de oportunidades para todos los opositores.

Martínez Solano ha pedido una revisión de estas decisiones para asegurar que no existan diferencias en el trato a los funcionarios por su lugar de residencia o nacimiento. "Todos somos funcionarios y debemos tener acceso igualitario a los mismos derechos", afirmó, recalcando también la importancia de la dependencia del Estado frente a las comunidades autónomas para evitar prácticas corruptas.

Por lo tanto, tanto el Gobierno de Aragón como COSITAL han solicitado una reevaluación del proyecto de Ley de Función Pública, instando a que su diseño respete y promueva la igualdad que establece la Constitución Española.