HUESCA, 1 de diciembre. Este lunes, el Pleno del Ayuntamiento de Huesca respaldó la implementación de un ambicioso proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como la correspondiente ordenanza reguladora y las Normas de Especial Protección Peatonal. La iniciativa, impulsada por el equipo gobernante del PP, el PSOE y el exconcejal de Vox Antonio Laborda, recibió la negativa de Vox y comenzará a aplicarse el 7 de enero de 2026. Este plan permitirá la circulación de todos los vehículos, sin importar su tipo de motor o categoría ambiental, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad del aire establecidos.

El acceso regulado a la ZBE se alinea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013. El control del acceso se llevará a cabo mediante cámaras de vigilancia, tras una solicitud de autorización previa, según comunicó el Ayuntamiento de Huesca. Las autorizaciones ya existentes se integrarán automáticamente en el nuevo sistema, lo que evita que los usuarios deban iniciar procedimientos adicionales.

La nueva normativa también introduce mejoras en el proceso de solicitud de acceso y establece directrices específicas para empresas de servicios, comercios y el sector de la hostelería.

Siguiendo lo establecido en la Ley de Cambio Climático, la ZBE es obligatoria para municipios con una población superior a 50,000 habitantes. La ordenanza establece tres áreas diferenciadas: una zona de prioridad peatonal con acceso restringido mediante cámaras, Zonas 20 donde los peatones tienen preferencia sin restricciones de acceso, y Zonas de Especial Sensibilidad, muy relevantes en áreas escolares, sanitarias y residenciales.

El acceso a estas áreas está reservado para residentes, vehículos de garaje, personas con movilidad reducida, servicios profesionales y vehículos de emergencia, entre otros. Además, la velocidad de circulación está limitada a 20 kilómetros por hora, se refuerza la prioridad peatonal, y se establecen horarios específicos para la distribución urbana de mercancías. También se implementará un régimen sancionador acorde con la legislación estatal.

La aplicación de la ZBE incluirá una campaña informativa que contará con dos sesiones abiertas al público en el Centro Cultural Matadero los días 10 y 16 de diciembre, además de reuniones sectoriales y actividades en redes sociales y medios de comunicación.

Asimismo, el pleno del Ayuntamiento aprobó la nueva Ordenanza de Ciclos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tras evaluar las alegaciones presentadas. Esta normativa fue apoyada por el Grupo Popular, Vox y un concejal no adscrito, mientras que el grupo socialista optó por la abstención.

El objetivo de la nueva ordenanza es establecer reglas claras para la circulación de bicicletas, patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, buscando mejorar tanto la convivencia como la seguridad vial en espacios públicos.

Uno de los puntos más destacados de la norma es la regulación de la zona estancial de la 'T', que incluye los Porches de Galicia y parte del Coso Alto y Bajo. En esta área, se restringirá el paso de bicicletas durante el horario comercial y se prohibirá la circulación de VMP en todo momento, garantizando así la seguridad de los peatones y la accesibilidad para las personas mayores.

Con relación a las bicicletas, la ordenanza establece que deberán ceder el paso en las zonas de prioridad peatonal, prohíbe su circulación en la 'T' durante el horario comercial de lunes a sábado, y pone un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora en zonas peatonales. Además, los menores de 16 años deberán usar casco, y está prohibido el uso de auriculares y dispositivos móviles mientras se conduce, entre otras regulaciones que buscan proteger a los peatones.

Los patinetes eléctricos, por su parte, deberán estar equipados con casco homologado y chaleco reflectante. Solo podrá haber un usuario por patinete y la edad mínima para circular será de 16 años. Además, estará prohibido el acceso a la zona estancial del Coso y a las aceras. La normativa también establece límites de velocidad similares a los de las bicicletas y prohíbe el uso de auriculares durante el trayecto.

Finalmente, el Pleno también sancionó cambios en la financiación del Anexo de Inversiones del Presupuesto General de 2025, como resultado de la obligación legal de destinar 3,7 millones de euros de remanentes para amortizar deuda, dado que el Gobierno central no autorizó su uso para inversiones financieramente sostenibles.

Con esta medida, se han utilizado 2,25 millones de remanentes para reemplazar la financiación originalmente planeada mediante créditos para diversas inversiones, asegurando su continuidad a través de otras fuentes de financiación. Además, se aprobó un suplemento de crédito de 1,460,946.60 euros para reforzar la partida de deuda pública, en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Ambas decisiones contaron con el apoyo del PP y el concejal no adscrito, mientras que Vox y el grupo socialista se abstuvieron en la votación. Al cerrar la sesión plenaria, la alcaldesa informó sobre el desalojo en los cuatro portales de la plaza Santa Clara, lo que añade un capítulo más a los desafíos de la gestión pública en la ciudad.