Un informe enviado a la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha puesto en el punto de mira al alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón. Este documento, que destaca alegaciones de irregularidades, expone que Cucalón ha mantenido conexiones con una empresa que ha recibido contratos por un total de 235.000 euros del Ayuntamiento, además de casi 30.000 euros de la entidad comarcal.

La Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón ha realizado una evaluación exhaustiva en base a la información obtenida tanto de los informes anuales del secretario-interventor de Aguarón como de su propia investigación. En este contexto, han resaltado múltiples adjudicaciones de contratos y gastos, señalando que algunos de estos podrían constituir delitos penales y deben ser analizados por las autoridades competentes.

Lucio Cucalón, quien ejerce su cargo bajo el partido PSOE, fue expulsado de la formación política el pasado 10 de junio, tras conocerse las indagaciones que ahora han llevado a su inclusión en este informe. Tal como se detalla, un 22% del presupuesto municipal para 2024 fue asignado a una empresa con la que Cucalón mantiene una relación cercana, en un proceso que ya ha sido calificado como irregular.

El informe menciona la adjudicación de contratos para la implementación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios del municipio, con financiamiento proveniente de una subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza. Además, se han detectado al menos 21 contratos menores otorgados sin el debido proceso administrativo.

Una de las contrataciones, superior a 100.000 euros, ha sido anulada por el Consejo Consultivo de Aragón tras destapar graves irregularidades. Este organismo ha instado al Ayuntamiento a otorgar el contrato a otra empresa que participó en la licitación correspondiente.

Otro aspecto reseñable es que la empresa implicada, Electra Aguarón SL, ha recibido pagos adicionales que suman otros 85.000 euros, nuevamente sin cumplir con los procedimientos de transparencia requeridos. Estos pagos a la empresa en cuestión se relacionan principalmente con servicios de alumbrado público y reparaciones.

Las irregularidades no se limitan al ámbito del Ayuntamiento, ya que también existen problemas dentro de la Comarca Campo de Cariñena, donde se han identificado contrataciones menores carentes de la publicidad legal necesaria y vinculaciones clave con Cucalón.

El informe destaca la relación de parentesco entre Cucalón y uno de los socios de la empresa adjudicataria, así como su amistad con otros involucrados, todos ellos con sede en Aguarón. Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación.

Además, el documento detalla que Cucalón ha recibido 11.850 euros por dieta e indemnizaciones vinculadas a desplazamientos, además de otros gastos protocolarios injustificados. Entre estos, se encuentran dos comidas que alcanzan los 5.144 euros en total, cuyo propósito no ha podido ser esclarecido.

Desde el Gobierno de Aragón se ha manifestado que muchos de los consejeros comarcales presentes en esos eventos han negado haber asistido y que, por tanto, esos gastos no cuentan con justificación válida. El informe afirma que esto representa un cobro indebido.

Los funcionarios del Gobierno han señalado que también es increíble que Cucalón justificase gastos de desplazamientos sin la existencia de reuniones registradas en ninguna parte. Esta falta de documentación adecuada se repite en otros casos que involucran encuentros supuestamente celebrados con otras entidades.

El Gobierno de Aragón ha alertado sobre la carencia de fiscalización en la gestión de Cucalón, señalando casos específicos, como un pago a una farmacia cuyo ticket corresponde a un club de Madrid. A su vez, se han documentado gastos protocolarios exorbitantes en vino, que tampoco podrían determinarse en su uso público.

Finalmente, el informe sugiere la grave situación de vacantes en los puestos de Secretaría e Intervención en el Ayuntamiento y la Comarca, lo que incrementa el riesgo de falta de control sobre los pagos y la legalidad de los mismos. Esto podría estar facilitando las irregularidades previamente mencionadas.

Con base en toda esta información, el Gobierno de Aragón ha decidido remitir a la Fiscalía Provincial de Zaragoza toda la documentación necesaria para continuar con el análisis de estas posibles irregularidades, con la esperanza de que se tomen las medidas pertinentes.