El Gobierno de Aragón ha respaldado la propuesta del Parlamento Europeo para que la Comisión Europea agilice el reconocimiento de las indicaciones geográficas en un plazo máximo de cinco meses. La medida se debe a que el Pleno del Parlamento Europeo ha pedido nuevas reglas que protejan tanto a los productos como a los productores, y que también eliminen trámites burocráticos para agilizar plazos. Los eurodiputados han votado a favor del informe sobre la reforma de las normas de la UE para el registro y protección de las indicaciones geográficas de vino, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como de sus regímenes de calidad. El documento también plantea medidas para garantizar una mejor protección de este tipo de sellos en el comercio online, como la disposición para cerrar automáticamente todos los dominios web que abusen del nombre de una IGP o asignarlos a un grupo de productores que legalmente posean ese sello de calidad.

La directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Carmen Urbano, manifestó que la resolución aprobada por el Parlamento Europeo defiende el valor y la protección de las indicaciones geográficas en la UE. Según Urbano, los Alimentos de Aragón con calidad diferenciada son símbolo del patrimonio alimentario y la identidad de la región. Además, son alimentos únicos que se vinculan con el territorio, los procesos de fabricación y las costumbres. En Aragón, hay 22 figuras reconocidas de calidad diferenciada, entre DOP, IGP y Certificación Ecológica, y otros tres expedientes en proceso de reconocimiento.

El Ejecutivo regional afirma haber fomentado la participación de productores en estos regímenes de calidad diferenciada y aumentado los fondos destinados a la promoción de todas las indicaciones geográficas. Los planes de promoción han multiplicado su inversión y el porcentaje de cofinanciación ha aumentado de un 40% a un 70% desde 2021. De esta forma, la penúltima convocatoria de ayudas a la promoción de la calidad diferenciada con protección comunitaria superó lo invertido en todo el período anterior, mientras que en el PEN, se superarían los 2 millones de euros anuales de ayuda. La última convocatoria de ayudas de marzo de este año está pendiente de resolver por un importe de 2.250.000 euros.