ZARAGOZA, 19 de diciembre. La Diputación Provincial de Zaragoza ha dado un paso significativo este viernes al aprobar de manera unánime el plan +Provincia, un ambicioso paquete de ayudas que se posiciona como el más grande en la historia de la institución. Dotado con 123 millones de euros, este plan busca llevar a cabo un total de 725 actuaciones para fortalecer los servicios básicos en los municipios zaragozanos y mitigar el grave problema de la despoblación.

Este programa ha sido catalogado por algunos representantes municipales como un auténtico "premio de lotería”. Sin embargo, varios municipios han quedado excluidos de esta iniciativa por diversas razones. Localidades como Añón de Moncayo, Biel, La Muela, La Puebla de Alfindén, Uncastillo, Velilla de Ebro, La Vilueña y Valtorres no podrán acceder a los fondos. Esta situación ha generado que la mayoría de los grupos políticos insten a la DPZ a explorar alternativas legales que les permitan beneficiarse de los recursos que, lamentablemente, no se redistribuirán sino que quedarán como sobrante.

De los 123 millones de euros, más de la mitad, un total de 66,4 millones, se usarán para financiar la pavimentación de calles y la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. Estas obras son esenciales, ya que se ejecutan a menudo de forma simultánea: al renovar las calles, se aprovecha para sustituir las viejas tuberías subterráneas.

Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ, ha elogiado el esfuerzo "titánico" del equipo técnico que ha trabajado en la formulación de este programa, que busca ser una solución eficaz para combatir la despoblación. "Es la mayor línea de subvenciones aprobada en la historia de la DPZ”, enfatizó, destacando la importancia de esta iniciativa.

El plan +Provincia también destinará más de 18,5 millones de euros a la construcción y rehabilitación de viviendas públicas para atraer a nuevos residentes. Aunque también se han hecho solicitudes para viviendas nuevas, la mayoría de las propuestas se centran en la rehabilitación de inmuebles existentes. Esta cifra supera ampliamente la inversión que el Gobierno de Aragón destina a los ayuntamientos para estos fines, según apuntó Sánchez Quero.

El programa incluye 75 mejoras en parques y jardines por un monto de 11,2 millones de euros, así como 43 iniciativas para mejorar accesos a núcleos poblacionales, que representan una inversión de 8,1 millones. Asimismo, hay previstas 9 actuaciones de urbanización en calles y sectores urbanizables que costarán 4,1 millones de euros.

El presidente de la DPZ sostiene que esta acción tendrá un impacto significativo en el empleo rural y en la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Otras iniciativas dentro del plan abarcan 28 actuaciones para los cementerios y salas de duelo, con una inversión de 2,6 millones; 19 proyectos para regular el tráfico, prioritariamente nuevos aparcamientos, que representan 2,2 millones; y 27 acciones de renovación del alumbrado público, valoradas en 2,1 millones. También se incluyen mejoras en la limpieza viaria, principalmente mediante la adquisición de maquinaria, por un total de 1,4 millones.

El plan fue diseñado para favorecer a los municipios más pequeños y medianos, que suelen enfrentar mayores dificultades en la prestación de servicios adecuadas, con subvenciones que oscilan entre 240.000 euros para localidades de hasta 150 habitantes y 2,5 millones para aquellos con más de 16.000, como Calatayud y Ejea de los Caballeros.

Los consistorios podrán presentar hasta tres proyectos diferentes, ajustándose a sus respectivas necesidades, gracias a la cuantía que les corresponde según su población. Este plan será de carácter plurianual, enmarcado entre 2025 y 2026, aunque adelantará el 90% de los fondos a este año, mientras que el restante 10% será transferido una vez que las actuaciones estén completadas y certificadas.

Con la reciente aprobación, la DPZ transferirá 111 millones de euros a los ayuntamientos y reservará 12 millones adicionales para el próximo año, lo que facilitará la ejecución de diversos proyectos como la urbanización de un vial en el polígono industrial San Antonio de Calatayud (1,4 millones de euros) o la mejora de accesos en Ejea de los Caballeros.

El estado de los municipios excluidos fue uno de los principales temas de discusión durante el pleno, donde varios grupos pidieron al gobierno que revisara las razones de su exclusión y buscara soluciones dentro de la legalidad. La portavoz del PP, Mari Carmen Lázaro, aunque celebró la iniciativa, criticó la "falta de planificación” y solicitó una mayor flexibilidad en los plazos de ejecución, tras advertir que muchas convocatorias han quedado desiertas por falta de empresas interesadas.

Desde Vox, su portavoz Carlos Rodrigo también apoyó el plan, a la vez que identificó como “injustas” las exclusiones, resaltando que algunas localidades enfrentan dificultades no por su mala gestión, sino por circunstancias externas. Mencionó a La Puebla de Alfindén, que, a pesar de tener su situación financiera regularizada, no fue considerada.

Por otro lado, Nerea Marín, representante de En Común-IU, subrayó la importancia de aplicar criterios justos en la distribución de ayudas para asegurar que se brinden más recursos donde más se necesitan. José Manuel Latorre, de CHA, destacó que la DPZ "está escribiendo historia" con este plan, a pesar de los desafíos temporales enfrentados en los municipios.

En respuesta a las preocupaciones planteadas, Juan Antonio Sánchez Quero defendió la claridad de las normativas que han gobernado este proceso y mostró su compromiso de investigar las razones detrás de las exclusiones, prometiendo un análisis detallado y la posibilidad de establecer un nuevo plan que beneficie a los municipios que han quedado fuera.