En un reciente desarrollo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha manifestado su respaldo al Real Decreto que busca endurecer los requisitos para la creación y regulación de centros universitarios en España. Esta afirmación surge tras la decisión del Gobierno de Aragón de impugnar el decreto ante el Tribunal Supremo, argumentando una supuesta invasión de competencias. Desde la sede del Ejecutivo, se asegura que este conflicto era previsible, dado que el enfoque adoptado por la Administración de Jorge Azcón promueve el crecimiento de universidades privadas sin tener en cuenta su calidad.

La ministra Diana Morant ha defendido que la implementación de este decreto, aprobado en octubre, es fundamental ante la proliferación de universidades privadas en el país, muchas de las cuales no cumplen con los estándares mínimos de calidad en cuanto a enseñanza e investigación. Este enfoque busca garantizar que todas las instituciones educativas en España operen bajo criterios de solidez, impartiendo educación de calidad y comprometiéndose con la investigación académica.

Las autoridades gubernamentales subrayan que los los nuevos estándares de calidad han sido cuidadosamente elaborados y son realistas, con el objetivo de que todas las universidades, ya sean públicas o privadas, cumplan con altos niveles de calidad y viabilidad. En este sentido, se enfatiza que la mayoría de las universidades existentes ya cumplen con esos requisitos, y aquellas que no lo hagan recibirán un período adecuado para adaptarse a las nuevas normativas.

Además, el Ministerio ha rechazado las acusaciones de que esta normativa infringe las competencias autonómicas, afirmando que es responsabilidad del Estado establecer los principios generales para el sistema universitario y garantizar la calidad educativa en su totalidad.

Por otro lado, se ha desmentido que el Real Decreto limite la libertad empresarial de manera injustificada. En su lugar, las autoridades argumentan que la regulación está diseñada para asegurar la calidad de un servicio público vital y proteger tanto a los estudiantes como a la sociedad en general, citando ejemplos de otras áreas estrictamente reguladas como la sanidad o el sector energético.

Finalmente, el Ministerio ha destacado que el proceso para la creación del decreto incluyó una audiencia pública en abril, donde se recibieron sugerencias y comentarios de más de 68 organizaciones, abarcando casi todas las Comunidades Autónomas. Esto, afirman, demuestra que el decreto fue tramitado con total transparencia y con el respaldo del Consejo de Estado.