ZARAGOZA, 2 Abr. - En un reciente pronunciamiento, la representante del PSOE en el ámbito educativo, Mari Carmen Soler, ha manifestado su preocupación ante lo que considera un uso "sectario" del convenio firmado por el Gobierno de Azcón con las Diputaciones de Huesca y Teruel. Este acuerdo está diseñado para llevar a cabo obras de mantenimiento en colegios públicos, pero Soler sostiene que el Ejecutivo aragonés lo está utilizando de manera inapropiada.

Según la diputada socialista, el objetivo del convenio es realizar pequeñas reparaciones y adecuaciones para beneficiar a la mayor cantidad de municipios posible, aliviando la carga económica de los ayuntamientos. Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno regional está esquivando sus responsabilidades al incorporar a este convenio obras que deberían ser financiadas directamente por la administración aragonesa, lo que podría dejar a muchos municipios sin atención, ya que el presupuesto podría no ser suficiente.

Como ejemplo de esta mala gestión, Soler ha citando la ampliación del centro educativo de Bronchales, donde se destinarán más de 123,000 euros. Según su análisis, tales inversiones deberían ser parte del plan de contratación del Departamento de Educación y no deben aprovecharse de convenios para evitar responsabilidades. "No estamos en contra de las inversiones en Bronchales, que son necesarias", ha aclarado Soler, pero se opone a cómo el gobierno utiliza este convenio para su propia ventaja, perjudicando a otros centros educativos.

La diputada ha señalado además que la estrategia del Gobierno de Azcón parece favorecer a un número muy reducido de municipios con obras significativas, dejando al resto a la espera de futuras inversiones que podrían no llegar en toda la legislatura. Soler considera esto como un claro desbalance en la distribución de recursos y atención a las necesidades locales.

Aunque ha indicado que este año se ha incrementado el número de centros a beneficiarse de 23 a 35, en comparación con el anterior convenio que favoreció a 98 localidades, Soler ha subrayado que las decisiones sobre qué colegios recibirán ayuda no se basan en las necesidades reales de los municipios, sino en criterios arbitrarios establecidos por la Consejería de Educación y la Diputación de Teruel, a veces desconectados de las demandas formuladas.

Ante esta situación, Soler ha instado al Gobierno de Aragón a asumir su responsabilidad y llevar a cabo las obras requeridas utilizando sus propios recursos, además de cesar en su aprovechamiento del convenio para fines que no benefician equitativamente a todos los municipios, advirtiendo que esto denota una falta de atención hacia el mundo rural y las comunidades más pequeñas.