Recientemente, una investigación de la Guardia Civil ha destapado una alarmante situación laboral en la comarca del Bajo Cinca, en Huesca, que ha llevado a la detención de dos individuos y la investigación de varias empresas frutícolas y de trabajo temporal. En total, cerca de 200 trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, se encontraban viviendo en condiciones deplorables.

La operación se inició a principios de junio, luego de recibir varias denuncias que alertaban sobre las condiciones inhumanas en que vivían los empleados. Se identificaron dos residencias en Candasnos y una antigua finca que solía ser un establecimiento hostelero, donde cerca de 200 personas de diversas nacionalidades se encontraban hacinadas, lo que violaba sus derechos laborales y humanos.

Durante la investigación, las autoridades se dieron cuenta de que unas 50 personas habitaban en casas que estaban en tales condiciones que representaban un serio riesgo de derrumbe. Entre ellos había dos familias con niños pequeños, lo que elevaba la gravedad de la situación.

Además, se descubrieron 147 trabajadores viviendo en la mencionada finca, en un entorno insalubre, sin sistemas adecuados para el desagüe de aguas residuales y con instalaciones eléctricas extremadamente peligrosas que aumentaban el riesgo de incendios.

La Guardia Civil también encontró que se estaban realizando obras no autorizadas para ampliar las instalaciones, con el objetivo de albergar aún más trabajadores, sin considerar su bienestar.

Con toda la información recopilada en colaboración con el Ayuntamiento de Candasnos y otros organismos sociales, se llevaron a cabo registros en la finca. Dos personas, de 61 y 52 años, fueron arrestadas por violaciones a los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros.

Un aspecto relevante es que los trabajadores, aunque estaban autorizados para residir y trabajar temporalmente en España, sufrían abusos por parte de las empresas contratantes, quienes habían gestionado su contratación mediante un sistema vinculado al Ministerio de Migraciones.

Consciente del riesgo inminente, el Ayuntamiento de Candasnos y los Servicios Sociales organizaron un reubicado de parte de estos trabajadores a alojamientos más adecuados, mientras que otros se quedaron bajo la responsabilidad de una de las empresas frutícolas implicadas.

Las investigaciones mostraron que el propietario de los inmuebles estaba asociado con las empresas incriminadas, buscando obtener beneficio económico a expensas de la dignidad de los trabajadores. Una de estas empresas incluso retuvo parte de los salarios para cubrir costos de alojamiento y transporte diario, además de imponer condiciones laborales abusivas, como pagos diferidos para el costo del billete de regreso a su país.

La operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Fraga, se llevó a cabo en estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como diversas organizaciones locales, destacando la importancia de la vigilancia y regulación en el ámbito laboral para proteger a los más vulnerables.