En Campo de Borja, Zaragoza, los consejeros comarcales de CHA, Alfonso Navarro, Sergio Sisamón y Julio Andía, han exigido al Gobierno de Aragón que reconsidere la planificación del número de docentes en Educación Infantil y Primaria. Según ellos, la cantidad actual es insuficiente y no permite ofrecer una educación individualizada e inclusiva de calidad, principalmente para los estudiantes más vulnerables. Esto se debe a la reducción de horas para los apoyos habituales, la atención a la diversidad, y los grupos reducidos en las escuelas públicas.
Desde hace días, varias organizaciones de padres, sindicatos y asociaciones de familias de la educación pública han advertido sobre posibles recortes para el próximo año académico 2024-2025 que afectarán la calidad educativa de los alumnos.
Navarro ha explicado que las plantillas de los centros educativos las negocian el gobierno y los sindicatos, pero hay un cupo adicional para cubrir necesidades, y eso es lo que están solicitando modificar al Departamento de Educación.
Por ejemplo, en un centro de Infantil y Primaria de dos vías se perderían unas 30 horas semanales de atención directa, equivalente a más de un docente completo. Según datos de los colegios, esto podría significar la pérdida de alrededor de 500 profesores solo en Infantil y Primaria en Aragón.
Los sindicatos han confirmado que las nuevas instrucciones implican una disminución de la plantilla, desapareciendo el maestro de apoyo en Primaria, reduciendo las horas para grupos reducidos en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, así como disminuyendo las horas asignadas a diferentes programas innovadores.
Según Sergio Sisamón, varios colegios en la comarca serán afectados por estos recortes en el próximo curso. Es fundamental garantizar una educación de calidad en Aragón sin sacrificar el personal docente ni los recursos educativos.
Julio Andía ha destacado que el tiempo recortado no se recuperará, lo que significa una distribución del personal docente con menos horas. Las familias estiman que se perderán alrededor de 1.535 horas en 49 centros públicos, afectando la calidad educativa y el apoyo a los alumnos más vulnerables.
En resumen, es vital conciliar las necesidades de los estudiantes con la mejora de las condiciones laborales de los profesores, lo que requiere una mayor inversión por parte del Gobierno para mantener la calidad de la educación pública en Aragón, concluyó Andía.
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