ZARAGOZA, 12 de diciembre.

En una contundente sesión plenaria de las Cortes de Aragón, José Luis Bancalero Flores, el consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, ha reafirmado este jueves la necesidad de modificar el mapa sanitario de la región. Durante su intervención, el consejero hizo énfasis en que esta demanda ha sido planteada de manera reiterada por diversos representantes de los profesionales que integran el sistema público de salud de Aragón. Según Bancalero, tanto los colegios profesionales como los sindicatos han solicitado en numerosas ocasiones esta reevaluación, y él aboga por una revisión consensuada que incluya a todos los actores involucrados.

La comparecencia de Bancalero fue solicitada por el PSOE y se justificó en los relevantes cambios demográficos, la modernización de las infraestructuras sanitarias y el surgimiento de nuevas técnicas de diagnóstico que obligan a repensar cómo se estructura la atención médica en la región. En su argumento, el consejero destacó que “Aragón ha avanzado y necesita un sistema sanitario público que responda a los retos del siglo XXI”, reiterando la importancia de adaptar el sistema a las crecientes necesidades de la población.

Bancalero también detalló que actualmente Aragón cuenta con 124 zonas de salud distribuidas en ocho sectores. El mapa sanitario actual fue confeccionado teniendo en cuenta aspectos cruciales como el análisis demográfico, la disponibilidad de recursos humanos, los tiempos de desplazamiento, la distribución de las tarjetas sanitarias, además de otros factores relativos a la actividad asistencial, la cartera de servicios, los equipamientos y los avances tecnológicos y de información.

El consejero delineó que los criterios para definir las zonas básicas de salud contemplan no sólo la distancia que separa las agrupaciones de población más distantes, sino también el tiempo de traslado mediante medios ordinarios. También son considerados el grado de concentración o dispersión demográfica, las características epidemiológicas, así como las infraestructuras y recursos humanos disponibles en cada área.

Hasta el momento, Bancalero admitió que se han realizado sólo “modificaciones puntuales” en el mapa sanitario, pero advirtió que “quizás sea momento de abordar una reorganización de forma más uniforme, contando con el consenso de todos los agentes que representan a los ciudadanos de Aragón”. Esto es esencial para que los aragoneses puedan tener la seguridad de acceder a una atención sanitaria de calidad, un principio defendido por los colegios profesionales, organizaciones sindicales y sociedades científicas durante años.

Durante su intervención, el consejero subrayó que actualmente se encuentra en un proceso de consenso, buscando ampliar la base del acuerdo que sustente la propuesta de modificación que el Departamento de Sanidad elabore junto a los actores profesionales y sindicales implicados.

En una crítica directa a la gestión del PSOE, Bancalero remarcó que los socialistas recortaron el presupuesto destinado a la sanidad “en el momento más crítico”, lo que ha llevado a la creación de una imagen de “sanidad oscura”, a pesar de que él defiende un sistema que es “transparente, participativo y promotor de consensos”. Según el consejero, “nuestro sistema aún tiene mucho por ofrecer”.

Señaló, además, que entre enero y noviembre se ha logrado reducir la lista de espera quirúrgica en un 15%. Informó también sobre las recientes contrataciones que se han realizado en diversas localidades aragonesas como Utrillas, Martín del Río, Barbastro, Monzón, Castejón de Sos y Ejea de los Caballeros. Bancalero recordó que el plan de recursos humanos caducó en 2010 y que la administración socialista implementó recortes en las nóminas de los profesionales, un tema que no ha pasado desapercibido en el debate.

El objetivo principal, según el consejero, es “garantizar tanto la equidad como la excelencia de nuestros profesionales”. Atacó al Gobierno cuatripartito anterior por su falta de acción, especialmente ahora que claman por medidas urgentes tras su gestión en la pasada legislatura.

Por parte del PP, Susana Gaspar acusó al PSOE de eludir su responsabilidad, sugiriendo que su administración provocó un clima de “miedo y fuego” frente a la problemática sanitaria, las cuales han sido “heredadas” de la administración anterior.

El diputado del PSOE, Iván Carpi, retrató la solicitud de Bancalero como un “acto de fe”, argumentando que el consejero no ha aportado explicaciones claras sobre la modificación y criticó abiertamente la gestión de la sanidad en regiones bajo la administración del PP, poniendo ejemplos de Madrid y Andalucía.

Carpi planteó duras preguntas a Bancalero, cuestionando si la modificación del mapa sanitario aquí mencionado representa un recorte o una privatización encubierta, aludiendo urgentemente a la propuesta de unificación de zonas de salud conforme a las divisiones comarcales existentes.

También inquirió sobre la posible reducción de plazas médicas en áreas rurales, el cierre de puntos de atención continuada, el papel de la enfermería en estas modificaciones y la creación de nuevas zonas básicas, especialmente en zonas emergentes como Arcosur o Rosales del Canal.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, se sumó a la crítica, afirmando que el único propósito parece ser justificar recortes futuros en la atención sanitaria, particularmente en el ámbito rural. Subrayó que su partido no será cómplice de medidas que amenacen los servicios públicos, que requieren fortalecimiento en lugar de recortes.

Desde IU, Álvaro Sanz denunció que Bancalero busca implementar “recortes disfrazados de parches”, manifestando que no apoyarán esta iniciativa. Su argumento se centró en que la propuesta de reforma se basa únicamente en la cantidad de tarjetas sanitarias por médico, lo que considera un abuso a la lógica.

Por su parte, Alberto Izquierdo, del PAR, dejó clara su postura al afirmar que “hay una línea roja insalvable”: la necesidad de mantener los horarios de atención en todos los consultorios. Añadió que la situación en el medio rural es una preocupación constante, donde las comunidades siempre terminan “pagando los platos rotos”.