ZARAGOZA, 18 de marzo. - Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha manifestado su rotunda oposición al Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobará el martes para el repartimiento de menores extranjeros no acompañados (MENA). Azcón ha anunciado que, una vez que el documento sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los servicios jurídicos de la comunidad autónoma se encargarán de analizarlo para presentar un recurso ante los tribunales tanto nacionales como europeos.

El líder autonómico ha criticado severamente al Gobierno de España por lo que considera una falta de transparencia, al asegurar que se ha ocultado el acuerdo con Junts durante la reciente Conferencia Sectorial. Según Azcón, tal acuerdo responde únicamente al interés de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder, dejando de lado las necesidades reales de las comunidades autónomas.

Azcón sostiene que es responsabilidad del Gobierno central hacerse cargo de la situación de los menores no acompañados, en lugar de trasladar este problema a las comunidades autónomas. En su opinión, la política del Gobierno de Sánchez no solo es errónea, sino que también genera desconfianza, preguntándose si son "fiables" las formas de negociación del Gobierno.

El presidente de Aragón también ha añadido que existen muchos socialistas en su comunidad que disienten de la política actual del PSOE, argumentando que hay un quiebre con la tradición histórica de este partido. Azcón ha dejado claro que, según su perspectiva, el PSOE actual representa un giro que fomenta la desigualdad y apunta a la xenofobia para el mantenimiento del poder.

Además, ha denunciado que la estrategia se repite cíclicamente: los independentistas catalanes elaboran un decreto ley y, sin más dilación, el Gobierno de Sánchez lo aprueba en el Consejo de Ministros, lo que pone de manifiesto una falta de consideración hacia las comunidades autónomas.

Azcón ha subrayado que los criterios propuestos para la distribución de MENA afectan negativamente a Aragón, afirmando que los aragoneses no permitirán que se impongan decisiones tomadas por independentistas catalanes sobre políticas que deberían ser consensuadas por todos los españoles.