El 30 de julio en Zaragoza, el diputado de VOX, David Arranz, ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de Aragón de destinar un millón de euros a ayudas relacionadas con la inmigración. Según Arranz, esta iniciativa responde a una agenda que promueve lo que él denomina "inmigración ilegal masiva".

El grupo parlamentario de VOX se ha manifestado en contra de las subvenciones que se otorgan a entidades locales para financiar programas de integración de personas extranjeras. Estos fondos, que se repartirán entre los años 2025 y 2026, fueron anunciados recientemente en el Boletín Oficial de Aragón mediante la Orden BSF/812/2025.

Arranz sostiene que estas ayudas son parte de una política que, a su juicio, favorece la inmigración descontrolada y abre las fronteras. Acusa al Partido Popular de estar alineado con estas políticas de la izquierda, sin distinciones en su gestión, cuando debería haber un cambio de rumbo.

El diputado argumenta que la promoción de la multiculturalidad ha resultado en un evidente fracaso tanto en España como en otros países europeos, donde se experimenta un influjo constante y no regulado de inmigrantes, lo cual compromete la cohesión social.

Sobre la necesidad de las ayudas, Arranz ha indicado que su existencia es una prueba de que el proceso de asimilación de los inmigrantes está fallando, al considerar que muchos no buscan integrarse, sino en muchos casos, imponer sus propias normas culturales.

Asimismo, denuncia la creación de guetos y la aparición de tensiones culturales debido a la resistencia de algunos inmigrantes a adaptarse a la sociedad española. Resalta que ciertas prácticas culturales, que él considera incompatibles con los valores occidentales, están llevando a un aumento de la delincuencia y problemas sociales.

David Arranz también ha señalado que el gobierno debería priorizar otras necesidades más urgentes y críticas que afectan a la población aragonesa, como la pobreza infantil, la atención a personas dependientes y el refuerzo del sistema sanitario, en lugar de gastar dinero en políticas de inmigración.

Finalmente, hizo un llamado a poner fin al gasto estatal en la inmigración ilegal, advirtiendo sobre la falta de distinción que se hace entre inmigración legal e ilegal. Criticó el supuesto negocio que implica la gestión de la inmigración por parte de determinadas ONG que, a su juicio, se benefician de forma ilícita a costa de los recursos públicos y de la tragedia humana asociada a la migración.

Arranz concluyó expresando que los inmigrantes que buscan integrarse y contribuyan de manera positiva a la sociedad son bienvenidos, pero sostuvo que aquellos que no estén dispuestos a adaptarse deben enfrentarse a la expulsión, instando a poner un alto a la inversión en inmigración ilegal que no respeta las normas de convivencia y la cultura española.