Los recientes comentarios del diputado de Vox, David Arranz, ponen en tela de juicio las acciones del Gobierno de Aragón liderado por Jorge Azcón, al que califica como “el más progresista” dentro de la historia del Partido Popular. Arranz ha expresado sus preocupaciones sobre las políticas migratorias de la administración regional, acusándola de favorecer a las ONGs y de estar desconectada de los problemas que realmente afectan a los ciudadanos.

Durante su intervención, Arranz criticó la supuesta complicidad entre el PP y el PSOE, afirmando que ambos partidos están alineados en una agenda que promueve la inmigración ilegal masiva. Según él, las consecuencias de estas políticas son visibles en la degradación de barrios y un incremento en la inseguridad, destacando un aumento en delitos como robos y agresiones.

Uno de los temas más espinosos que tocó Arranz fue la inminente llegada de 251 menores extranjeros no acompañados a Aragón. El diputado argumentó que este fenómeno representa un "negocio sucio" para mafias del tráfico de personas y algunas ONGs que, según él, lucran con la situación de los inmigrantes y reciben significativos subsidios públicos.

Contrapuso la decisión del Gobierno aragonés con la de otras comunidades autónomas, que han optado por recortar presupuesto destinado a estas ONGs implicadas en el tráfico de personas. "Mientras que Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana reducen fondos, Aragón va en dirección contraria", lamentó Arranz.

La crítica se extendió también hacia la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, quien, según Arranz, se ha apresurado a reunirse con distintas organizaciones con la misma agenda. El diputado arguyó que esto es una falta de transparencia, especialmente cuando se le niega al grupo de Vox información precisa sobre los costes que estos programas generan para los ciudadanos aragoneses.

Vox asegura que el gasto por menor extranjero no acompañado en Aragón asciende a más de 3.300 euros mensuales, cifra que no incluye otros gastos asociados como educación y atención médica. Arranz enfatizó la necesidad de exigir cuentas claras al gobierno al respecto.

El representante de Vox también se refirió a una circular de la Policía Nacional que indica un alarmante aumento de delitos en Zaragoza, vinculando esta crisis con el perfil de jóvenes de origen magrebí. "Esta información proviene de la Policía Nacional, aunque nunca será reconocida ni por la izquierda ni por el PP", agregó Arranz.

La situación se vuelve más complicada al mencionar que el Gobierno aragonés ha solicitado a los municipios que acojan a estos menores, lo que ha provocado un rechazo generalizado entre los alcaldes, quienes, según Arranz, son conscientes del impacto negativo que esto generaría en sus comunidades.

El diputado insistió en que estos menores deberían permanecer en sus países de origen, con sus familias, haciendo énfasis en acuerdo bilaterales entre España y Marruecos para la repatriación de estos jóvenes. Además, criticó al Gobierno regional por intentar alquilar viviendas para acoger a estos menores en un mercado inmobiliario que ya es un desafío para los jóvenes aragoneses.

Por último, Arranz subrayó la necesidad de realizar pruebas forenses para determinar la edad de estos supuestos menores. Citó estudios anteriores que indicaron que una mayoría significativa de ellos eran, en realidad, mayores de edad, lo que generaría implicaciones legales y económicas para el Gobierno de Aragón en caso de que cometieran delitos.

Para finalizar, Arranz argumentó que Vox es el único partido que enfrenta la realidad del asunto. "No queremos más inmigrantes ilegales ni menores no acompañados. Lo que está en juego son la seguridad y los servicios públicos de Aragón", afirmó, enfatizando que solo deberían ser admitidas personas que respeten las leyes y que estén dispuestas a integrarse en la sociedad española.