En Zaragoza, el parlamentario del Partido Socialista, Marcel Iglesias, ha solicitado una pausa en la aprobación de nuevas plantas de baterías independientes en la región del Pirineo. Esta demanda surge en medio de un aumento significativo en las solicitudes para la instalación de estas instalaciones, hasta que el Gobierno de Aragón desarrolle un Plan Aragonés de Ordenación de Recursos Energéticos en colaboración con los ayuntamientos locales.

Iglesias ha expresado su inquietud ante el creciente número de proyectos, señalando que "esta oleada de iniciativas ha generado preocupación entre los ciudadanos", especialmente considerando que "cada planta requeriría el uso de 100 camiones de contenedores".

El diputado ha instado en repetidas ocasiones a que se implemente una moratoria que detenga la concesión de licencias en el Pirineo, con el fin de establecer una regulación adecuada. "No tiene ningún sentido situar estas instalaciones en áreas que dependen del turismo", ha añadido en su argumentación.

A través de una propuesta en las Cortes, el grupo socialista no solo solicita la moratoria al Gobierno de Azcón, sino que también pretende ofrecer respaldo legal a los ayuntamientos de la región pirenaica, como Benasque, Sesué, Castejón de Sos y La Fueva, que desean frenar la instalación de estas plantas en sus localidades.

Además, Iglesias ha solicitado que se utilicen las competencias autonómicas para regular la instalación de plantas de baterías, asegurando que se eviten en áreas que podrían sufrir un daño significativo, como son los espacios turísticos o aquellos con alto valor natural y paisajístico.

La propuesta incluye un Plan Aragonés de Ordenación de Recursos Energéticos que se negocie con los municipios y comarcas, así como el empoderamiento de los gobiernos locales al proporcionarles herramientas legales, sobre todo a aquellos sin un plan urbanístico, para decidir sobre la ubicación de las instalaciones energéticas en su territorio.

En los últimos meses, diversos proyectos de plantas de almacenamiento de energía mediante tecnologías emergentes han llegado a los municipios del Pirineo, habiéndose identificado al menos seis iniciativas, con ubicaciones en Anciles, Sesué y varias en Castejón de Sos, además de Samitier en el Sobrarbe.

Estas plantas de almacenamiento de energía "stand-alone" cuentan con numerosas baterías que no se encuentran ligadas a ninguna planta de generación de energía renovable, proyectándose como entes independientes en cercanía a subestaciones existentes desde hace tiempo.

Las propuestas en cuestión se encuentran en lugares estratégicos, a menudo en áreas sensibles o cercanas a las comunidades locales, generando fuertes oposiciones por parte de los ayuntamientos implicados.

Iglesias ha subrayado que existe un consenso entre los responsables institucionales acerca de la necesidad de avanzar hacia una transición energética y la descarbonización, pero esto debe hacerse de manera racional, tomando en cuenta las inquietudes de las comunidades locales representadas por sus ayuntamientos, que ya han contribuido significativamente a la producción de energía renovable hidroeléctrica en Aragón, particularmente en el Pirineo.

El parlamentario ha resaltado la "amplia oposición" que han encontrado los proyectos de Samitier, Anciles, Sesué y Castejón de Sos entre los habitantes y las autoridades municipales y comarcales.

Todos los actores locales han argumentado que la ubicación de estas instalaciones es inapropiada y que podrían implicar graves afectaciones ambientales y paisajísticas en una región donde precisamente el medio ambiente y el paisaje son fundamentales para la sostenibilidad de una economía basada en el turismo.

Este rechazo coincide con la postura sobre la planta de almacenamiento de CO2 en el Maestrazgo, que ha encontrado una oposición total, según ha comentado Iglesias.

El diputado ha recordado que el Gobierno de Aragón había anunciado a inicio de legislatura el desarrollo de un Plan de Ordenación del Territorio para los Recursos Energéticos, que debía elaborarse en coordinación con los ayuntamientos. Sin embargo, ha lamentado que dicho plan aún no se haya implementado, lo que complica que las administraciones locales puedan decidir sobre las ubicaciones más adecuadas, si es que existen, para la creación de instalaciones energéticas.

La reciente aparición de tecnologías como las plantas de baterías independientes exige, según ha señalado Iglesias, una aceleración en la elaboración del Plan y un apoyo legal a los ayuntamientos que lo requieran.