ZARAGOZA, 28 de noviembre. En un nuevo capítulo relacionado con la crisis de la vivienda, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha reiterado su solicitud a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para que se le otorguen terrenos "ociosos" del Estado. Esta medida tendría como objetivo la construcción de 2.000 viviendas públicas en la capital aragonesa. La ministra ha respondido positivamente, asegurando que se activarán todos los suelos estatales disponibles en Zaragoza y en el resto de Aragón.

Durante la visita de la ministra a las obras de una nueva promoción de 112 pisos financiada con fondos europeos de NextGenerationEU, López destacó la importancia de la cooperación entre el sector público y privado para combatir el "serio problema" de la vivienda en la región.

En su intervención, Rodríguez utilizó ejemplos de terrenos recuperados que anteriormente pertenecían al Ministerio del Interior, mencionando que el actual Gobierno ha transferido estas viviendas a familias necesitadas y jóvenes a través de la gestión con empresas públicas de vivienda, señalando que esa es la dirección que deben tomar las políticas de vivienda.

La ministra subrayó la función del Gobierno de España como líder en la movilización del suelo público, con la intención de no solo urbanizar, sino también de construir y gestionar un parque de vivienda pública integral, en colaboración con administraciones autonómicas y locales. Este esfuerzo busca asegurar un sólido abastecimiento de viviendas que atienda la necesidad habitual del país.

Rodríguez también mencionó el PERTE destinado a la industrialización de la vivienda, con la meta de hacer más atractivo el sector para trabajadores, mejorar sus condiciones y promover una construcción sostenible y ágil que facilite la finalización de nuevas promociones de vivienda en plazos más cortos.

Además, afirmó que el Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, representa una oportunidad para triplicar la inversión en este ámbito y proteger el parque público de vivienda, mientras se rehabilita el existente en el país.

La ministra se mostró receptiva a las demandas del consejero López de adaptar las políticas a las particularidades de cada territorio español, destacando que su Gobierno ha estado trabajando en convenios concretos para ejecutar el Plan Estatal de Vivienda de manera efectiva.

López, por su parte, condicionó su apoyo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a que realmente atienda las necesidades específicas de Aragón, reflejando el compromiso del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, que busca generar más de 2.300 viviendas en un periodo corto.

El consejero afirmó que la comunidad autónoma ya está realizando esfuerzos significativos en materia de vivienda, y mostró disposición a colaborar en iniciativas que respeten los programas regionales existentes.

Octavio López contrastó el enfoque regulatorio del Ministerio de Vivienda con el aumento de la oferta que se promueve en los municipios más turísticos de Aragón, donde se están desarrollando viviendas públicas de alquiler asequible para los trabajadores del sector.

"Aragón presenta un contexto bien distinto a Comunidades como Cataluña, Madrid, o el País Vasco", destacó López, asegurando que limitar precios en la administración solo lleva a sacar viviendas del mercado de alquiler, lo que en última instancia encarece más la oferta.

En respuesta, la ministra Rodríguez defendió la necesidad de utilizar herramientas legales para limitar el crecimiento de los precios de alquiler, argumentando que existen mecanismos que pueden ayudar a estabilizar estas tarifas.

Rodríguez enfatizó la urgencia de regular el mercado de alquiler en Zaragoza, donde más de 65.000 familias dependen de esta modalidad, y se mostró favorable a un enfoque que beneficie a inquilinos y propietarios a través de incentivos fiscales.

La ministra también hizo referencia a los desafíos en las ciudades con presión inmobiliaria, reconociendo que las áreas turísticas de Aragón están experimentando un gran estrés en cuanto a la oferta de alquiler.

Por ello, agradeció la colaboración institucional con el Gobierno de Aragón y reiteró la necesidad de actuar para proteger a las familias arrendatarias en su búsqueda de estabilidad.

En cuanto a las iniciativas de vivienda social en Zaragoza, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, destacó que estos proyectos pueden cumplir con altos estándares de calidad. Indicó que Zaragoza tiene un 5% del total nacional de viviendas Passivehouse, lo que evidencia el compromiso de la alcaldesa, Natalia Chueca, con la vivienda pública asequible.

Las cifras respaldan este compromiso, con 15 iniciativas en curso y un presupuesto que supera los 37 millones de euros, parte de los cuales provienen de fondos europeos, para un total de 423 viviendas que reflejan la eficacia de la gestión del Ayuntamiento.

En esta jornada, la ministra de Educación FP y Deportes, así como portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también se sumó a la visita de las obras de las 112 viviendas en la calle Vicente Cazcarra, que se financiarán con recursos europeos y se espera que finalicen antes de junio de 2026. Estas viviendas, con una eficiencia energética destacada, ofrecerán precios de alquiler muy competitivos, promoviendo así el acceso a la vivienda en la capital aragonesa.