En un significativo acto celebrado en Zaragoza el 17 de septiembre, el Gobierno de Aragón, en coordinación con todas las organizaciones agrarias, incluidas UAGA-COAG, Asaja, Araga y UPA, así como cooperativas del sector agroalimentario, llevaron a cabo la firma de un acuerdo que manifiesta su firme oposición a la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, tal como fue propuesta por la Comisión Europea.

Durante la ceremonia, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, catalogó este evento como un momento “histórico”. Destacó que unir a organizaciones con posturas diversas no es una tarea sencilla y subrayó que sus demandas abarcan mucho más que simples ajustes; exigieron un “cambio radical” en la nueva normativa de la PAC.

Este cambio debe garantizar y aumentar los fondos dirigidos a los trabajadores del sector agrícola. Sin embargo, lo más urgente, según Azcón, es que las políticas se centren en “los agricultores y ganaderos que sustentan nuestros pueblos”, quienes han sentido un abandono por parte de diversas administraciones en los últimos años.

“Defender una PAC justa es esencial para combatir la despoblación en nuestra Comunidad Autónoma”, destacó Azcón, quien además mencionó que existen amplias oportunidades para mejorar tanto la continuidad de las ayudas como para revertir “muchos de los errores” presentes en la propuesta de Bruselas.

El presidente de Aragón reafirmó el compromiso de trabajar en conjunto con todas las partes involucradas, resaltando la importancia de la agricultura y ganadería en la región. Más de 55,000 personas en Aragón están empleadas en el sector primario, que representa el 15% de la riqueza regional y es crucial para la economía de 23 de las 34 comarcas aragonesas.

Además, Azcón mencionó que más de 1,000 empresas agroalimentarias generan anualmente alrededor de 20,000 empleos. Destacó que la mitad de las principales empresas de la comunidad están estrechamente vinculadas al sector primario, por lo que la agricultura y la ganadería forman un pilar esencial en la vida aragonesa.

El presidente confía en que este pacto sea el punto de partida para “un proceso que se extenderá a lo largo de los próximos años”, considerando que aún falta tiempo para la aprobación del presupuesto que incluirá la nueva PAC. Este proceso implicará la participación de múltiples organismos, como diversas presidencias nacionales, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo y otras instituciones, lo que podría facilitar mejoras en la propuesta.

Azcón celebró que, en esta ocasión, la defensa del ámbito rural no se haya convertido en un campo de confrontación política, agradeciendo la responsabilidad mostrada por las organizaciones agrarias. Señaló que la firma de este acuerdo no sería posible sin la comprensión de los retos y necesidades que enfrentan los sectores agrícola y ganadero.

“Una vez más, los aragoneses hemos demostrado que podemos unirnos para lo que realmente es relevante: la defensa de nuestro territorio y el apoyo a nuestros esforzados agricultores y ganaderos”, concluyó Azcón, elogiando el trabajo y dedicación del consejero Javier Rincón, quien ha estado colaborando estrechamente con los grupos agrarios para construir este consenso.

Antes de que tomaran la palabra los representantes de los sectores agrarios, Rincón enfatizó que este acuerdo es “un manifiesto claro y firme” en rechazo a la nueva PAC, que considera inadecuada para satisfacer las necesidades reales del campo, poniendo en riesgo el futuro del sector. Aseguró que el Gobierno de Aragón se mantendrá al lado del sector, defendiendo de manera unida y firme la necesidad de una PAC que garantice la viabilidad de las explotaciones y la sostenibilidad de los pueblos.

El secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, expresó la sensación de “frustración” entre los agricultores en respuesta a la propuesta de la Comisión Europea, que ha impulsado la lucha por la defensa de la PAC. Subrayó que los presupuestos deben activarse y criticó las posibles reducciones en el financiamiento, que afectarían a numerosas familias dependientes del sector agrícola y ganadero, tanto en Aragón como en toda Europa.

Asimismo, Ramón Solanilla, de Asaja Aragón, alertó sobre las “amenazas” de recortes provenientes de Bruselas, sugiriendo que las exigencias para los profesionales del campo deberían ser erradicadas por completo. En un contexto global complicado, recordó la importancia de la producción alimentaria y la necesidad de facilitar el trabajo en el campo: “Nos tienen que dejar trabajar”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Araga, Federico Lorente, calificó de “preocupante” la propuesta europea, que se aleja del modelo de agricultura y ganadería familiar y profesional, considerándola un verdadero desastre. Enrique Arceiz, de la UPA en Aragón, comprometió su apoyo tanto al Gobierno regional como al de España, abogando por un modelo de ayudas sin retrocesos. Advirtió que, si se implementan los recortes anunciados, el futuro del campo aragonés y de sus pueblos estará comprometido.

Finalmente, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, insistió en la defensa de un modelo basado en “pueblos vivos”, enfocado en la producción efectiva de alimentos, destacando la importancia de su actividad dentro del territorio aragonés.