ZARAGOZA, 27 de junio.

El director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, se presentó el pasado viernes en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde hizo hincapié en las preocupaciones del Gobierno de Aragón respecto a un decreto que tiene como objetivo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde las Islas Canarias hacia otras comunidades del país.

En esta reunión sectorial, el Ministerio de Juventud e Infancia presentó su propuesta para trasladar a estos menores desde zonas con alta presión migratoria, como es el caso de Canarias, que enfrenta un considerable desafío en la acogida de estos niños.

Este decreto forma parte de un desarrollo más amplio del Real Decreto Ley 2/2025, promulgado el 18 de marzo, el cual ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno de Aragón en meses recientes. La norma establece mecanismos para declarar situaciones de emergencia migratoria y para decidir sobre el traslado de menores no acompañados, en caso de falta de consenso dentro de la Conferencia Sectorial, según ha informado el Ejecutivo local.

El principal motivo argumentado por Aragón se basa en la "posible inconstitucionalidad" del mencionado real decreto ley, al considerar que podría sobrepasar las competencias asignadas a las comunidades autónomas y menoscabar los derechos de los extranjeros en España, así como los derechos de los menores, la ley autonómica de infancia y los principios del Estatuto de Autonomía aragonés.

Durante la conferencia también se discutió la distribución de un presupuesto de 22 millones de euros destinado a las regiones que enfrentan una mayor presión migratoria, incluida Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Aunque Aragón apoyó esta iniciativa, expresó su preocupación señalando que esta contribución es "insuficiente" para hacer frente a las necesidades de estas comunidades y del conjunto del país.

El gerente del IASS subrayó que la atención a los menores migrantes no acompañados ha estado siendo financiada enteramente con recursos propios de la comunidad, debido al incremento en la llegada de estos menores desde finales de 2023. Esta situación se ha complicado por lo que etiqueta como "una falta de gestión en la política migratoria" por parte del Gobierno central, lamentando que no se haya recibido apoyo financiero para aliviar la presión sobre los sistemas de protección de menores autonómicos.

Según datos del Ejecutivo aragonés, la llegada de menores migrantes no acompañados a la región se produce en ocasiones de manera clandestina, mezclados con adultos en programas de acogida humanitaria, o bien directamente traídos por sus familias y abandonados a la entrada de los centros que reciben a menores.

Ante esta situación, Aragón ha reiterado su demanda para que el Estado asuma la responsabilidad financiera del acogimiento de estos menores, que incluye el proceso de emancipación de jóvenes una vez que salen del sistema de protección, algo que actualmente están costeando las comunidades con sus propios recursos.

El Programa 17+, impulsado por el IASS, proporciona apoyo a los jóvenes extutelados durante su transición hacia la vida independiente, que en ocasiones se extiende hasta los 23 años de edad, como parte de un esfuerzo para asegurar un futuro estable para estos jóvenes.

Hasta el 31 de diciembre de 2024, Aragón asistía a 119 jóvenes en este programa. Sin embargo, la financiación gubernamental actual cubre únicamente el primer año de atención a los menores migrantes que llegan sin un adulto responsable, dejando a la comunidad con el desafío de financiar el resto del proceso.

El Gobierno aragonés ha recordado que ya se opuso a la propuesta de distribución de menores en la anterior Conferencia Sectorial celebrada el 28 de abril, argumentando que el Ejecutivo central intenta "imponer" criterios de reparto a las comunidades autónomas.

El 28 de mayo, durante la Comisión Sectorial de Infancia que establece la agenda de la Conferencia, varias comunidades rechazaron algunos puntos del orden del día, alegando que la información sobre los sistemas de menores era "incorrecta".

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón considera esta situación como un indicativo de que el real decreto ley no ha sido adecuadamente elaborado y ha enfatizado que se ha gestado sin la participación de las comunidades autónomas, priorizando únicamente los intereses de una región en particular, lo que ha llevado a la administración aragonesa a interponer un recurso de inconstitucionalidad y otro contencioso-administrativo.