ARAGÓN, 9 de junio. Un esfuerzo sin precedentes se está gestando en la comunidad de Aragón, donde el Gobierno autonómico junto a las tres diputaciones provinciales han decidido unir fuerzas en la lucha contra la despoblación y las desigualdades que esta genera en el acceso a los servicios públicos.

La iniciativa, que contempla una inversión total de 64 millones de euros durante un periodo de cuatro años, se traduce en un aporte anual de 16 millones. Esta suma provendrá en partes iguales del Gobierno de Aragón y de las diputaciones provinciales, lo que según los líderes involucrados, representa un acuerdo "histórico" con el objetivo de asegurar la equidad en la prestación de servicios en las áreas rurales más afectadas.

Durante la firma del convenio, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, destacó la singularidad de este pacto, que reúne a administraciones de diferentes ideologías políticas. Azcón subrayó la importancia de la colaboración transversal en la implementación de políticas contra la despoblación, enfatizando que esto no es solo una cuestión de incrementar el presupuesto, sino de trabajar unidos hacia un objetivo común.

Este acuerdo, fruto de la gestión del consejero de Fomento, Octavio López, también se alinea con lo establecido por el Estatuto de Autonomía en cuanto a la necesidad de corregir los desequilibrios en ámbitos económicos, sociales y culturales, fomentando así la solidaridad y la igualación de oportunidades.

Uno de los aspectos centrales de este convenio será mejorar el acceso a servicios bancarios en zonas rurales, abordando las barreras que enfrentan las personas mayores en la utilización de tecnologías digitales. Un esfuerzo adicional se centrará en potenciar la conectividad, tanto en telefonía como en servicios de datos, para facilitar el teletrabajo y las interacciones sociales.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el convenio también prevé mejoras en los servicios de salud, que incluirán el equipamiento de consultorios y el fomento de iniciativas como las casas del mayor, con el fin de contribuir a la salud física y emocional de los ciudadanos mayores.

Asimismo, se destinarán recursos para apoyar a pequeños negocios locales, promoviendo la cohesión del territorio y la creación de empleo, fundamental para la permanencia de las familias en los municipios rurales.

La educación rural también será un pilar fundamental, en especial la formación de los más pequeños. Azcón remarcó la necesidad de garantizar una formación de calidad, que no solo cumpla con las expectativas educativas, sino también apoye a las familias en su conciliación laboral y familiar.

Los 64 millones de euros se administrarán a través de subvenciones, con un enfoque claro en mejorar la accesibilidad a servicios bancarios, la salud, la economía y la educación en el medio rural. Este acuerdo, que abarcará desde 2025 hasta 2028, contempla una posible prórroga de dos años, con una distribución equitativa de los recursos entre las provincias.

Las diputaciones provinciales aportarán un total de 8 millones de euros anualmente, cifra que se dividirá en función de la población de cada territorio, excluyendo las capitales. Así, la Diputación de Zaragoza aportará 4 millones de euros, Huesca 2,25 millones y Teruel 1,75 millones.

Este compromiso se suma a los esfuerzos que estas instituciones ya venían llevando a cabo en la batalla contra la despoblación, donde, según indicó Azcón, el presupuesto destinado a políticas de despoblación del Gobierno de Aragón se elevará de 3 a 8 millones anuales a partir de ahora.

Una comisión de seguimiento se encargará de coordinar anualmente las iniciativas y optimizar la asignación de recursos, evitando así duplicidades en las acciones a implementar.

Joaquín Juste, presidente de la DPT, observó un cambio significativo en la percepción de los jóvenes hacia la vida en los municipios, sugiriendo que ya no desean abandonar sus localidades, sino que se les deben proporcionar las herramientas necesarias para desarrollarse en igualdad de condiciones con respecto a las grandes ciudades.

Desde la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, manifestó su compromiso por transformar la vida en los pueblos, asegurando que la pérdida de población no es irreversible, y enfatizó la responsabilidad de todas las administraciones en garantizar derechos equitativos para todos los aragoneses.

Finalmente, Isaac Claver, presidente de la DPH, resaltó que este convenio representa un avance tangible hacia la acción, superando la mera retórica y comprometiendo a ambos lados en la búsqueda de soluciones efectivas para la despoblación, con un enfoque claro en la ruralidad en todos los planes de acción futuros.