ZARAGOZA, 21 de enero.

En un preocupante giro de los acontecimientos, la situación de las plazas residenciales financiadas públicamente para personas mayores en Aragón ha ido en declive desde 2019. Según el Informe Mayores 2023 publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la comunidad pasó de contar con 3,87 plazas por cada cien personas mayores de 65 años a únicamente 3,75 al final de 2023. Esto representa una pérdida de 20 plazas en total, descendiendo de 11.170 a 11.150 en apenas cuatro años.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha dejado claro que, de las 11.150 plazas residenciales disponibles al cierre de 2023 en Aragón, el 56,6% se financia de forma pública. A pesar de este dato esperanzador, la ocupación de estas plazas se ha situado en un preocupante 87,2%, porcentaje que supera en tres puntos la media nacional, pero que al mismo tiempo genera inquietudes sobre la verdadera capacidad del sistema.

Es relevante destacar que el porcentaje de plazas residenciales de financiación pública, que incluye aquellas concertadas en centros privados, representa 13 puntos menos que el promedio en el resto de las comunidades autónomas, donde asciende al 69,5%. Este dato resalta una preocupante anomalía en la gestión de recursos en la región que merece reflexión y solución inmediata.

La evolución de este indicador ha sido alarmante: aunque entre 2017 y 2019 se registró un notable aumento en la disponibilidad de plazas públicas, desde 2020 se ha experimentado una tendencia a la baja que aún no ha encontrado una vía de recuperación ni en términos de cobertura ni en cifras absolutas. Sin embargo, Aragón se mantiene ligeramente por encima de la media estatal, que se sitúa en 2,84 plazas públicas por cada cien personas mayores de 65 años.

Analizando el tamaño medio de las residencias, se manifiesta que actualmente se encuentra en 71,9 plazas, un número similar al de la media nacional, que es de 72,9. Esta paridad podría ser vista como un aspecto positivo, pero no debe desviar la atención de la insuficiencia estructural que enfrenta la región.

En el aspecto global, el número total de plazas, tanto públicas como privadas, alcanza las 19.712, lo que indica un aumento de 462 plazas desde antes de la pandemia, aunque también es cierto que se ha registrado una disminución de 183 en comparación con el año anterior. Este panorama coloca a Aragón en una posición privilegiada como la cuarta comunidad con mayor tasa de cobertura, que se sitúa en un 6,3%, superada solo por Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Sin embargo, si se considera esta tasa de cobertura como referencia, la comunidad autónoma podría reportar un notable superávit de 4.859 plazas y este hecho ha sido atribuido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a una planificación que no se ajusta a las necesidades del territorio. A pesar del número suficiente de plazas, hay áreas específicas en Aragón donde la oferta es escasa y alarmantemente hay un 12,8% de las plazas disponibles que permanecen sin ocupar.