El 17 de octubre en Zaragoza, las alcaldesas de esta ciudad y de Huesca, Natalia Chueca y Lorena Orduna, han levantado su voz de alarma tras la controvertida decisión del Gobierno de España. Esta medida, tomada por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, implica la eliminación de la posibilidad de ampliar el servicio de cercanías ferroviarias entre las dos capitales aragonesas, respaldada en informes que indican una demanda extremadamente baja y un uso mínimo del servicio actual, al que se considera el menos utilizado del país.

Frente a este escenario, ambas regidoras han emitido una declaración conjunta, mostrando no solo su preocupación, sino también su firme apoyo a la necesidad de mejorar la infraestructura de comunicación en la región. Su postura es clara: la decisión del Gobierno central es un ataque directo a la cohesión territorial de Aragón y un desdén hacia las legítimas aspiraciones de los aragoneses de contar con una movilidad adecuada que potencie el desarrollo económico.

La situación se torna aún más crítica cuando se considera que la autovía A-23 maneja diariamente decenas de miles de desplazamientos. La sostenibilidad en el transporte exige una alternativa ferroviaria moderna y eficiente; actualmente, se estima que unos 5.000 vehículos recorren diariamente el trayecto entre Huesca y Zaragoza. Además, aproximadamente 1.400 personas se trasladan a Zaragoza para trabajar, mientras que casi 1.600 lo hacen en sentido inverso.

Las alcaldesas han afirmado decididamente que Zaragoza y Huesca no pueden resignarse a ser la única gran área metropolitana en España sin un sistema de cercanías plenamente operativo. Destacan que la baja utilización de la línea C1 no debe ser un obstáculo, dado que el propio Ministerio de Transportes ofrece un servicio que no cumple con las necesidades de los ciudadanos: frecuencias reducidas, trenes viejos y una planificación inadecuada. Según afirman, la mejora del servicio es fundamental para aumentar la demanda, no al revés.

La negativa del Ministerio de Puente es vista como una clara falta de atención del Gobierno hacia las necesidades de Aragón, que se encuentra en un estado de abandono en cuestiones de infraestructura ferroviaria, a diferencia de otras comunidades que sí reciben inversiones. Para Chueca y Orduna, resulta incoherente que el Ejecutivo justifique su falta de acción con informes técnicos, mientras otros proyectos cruciales permanecen estancados, como si no existiera la necesidad de promover la competitividad y un equilibrio territorial justo.

Es por estas razones que ambas autoridades locales han manifestado su enérgico rechazo a la decisión del ministro, la cual consideran injustificada y en contra de los intereses de los ciudadanos aragoneses. A su vez, han solicitado al Gobierno de España que reevalúe los estudios de viabilidad, incorporando nuevos parámetros sobre movilidad, sostenibilidad y el potencial de demanda, y que se haga esto de la mano de las administraciones aragonesas.

Por último, Chueca y Orduna han hecho un llamado al diálogo y la colaboración entre las diferentes administraciones, con el fin de que Aragón cuente con un sistema de transporte que sea “moderno, eficiente y justo”, capaz de satisfacer las demandas de sus ciudadanos y de asumir el rol estratégico que corresponde a la comunidad en el conjunto del país.