Vox denuncia efecto llamada en ayudas sociales en Aragón y propone reforma legal

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha alertado de que más del 50% de los inmigrantes que reciben la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) llevan más de cuatro años percibiéndola. La cifra total supera los 1.100 beneficiarios en la comunidad autónoma.

Este dato evidencia, según Morón, una posible cronificación de estas ayudas, que, en su opinión, favorecen un efecto llamada y fomentan una inmigración irregular. La propuesta del grupo político busca reformar la ley para exigir un arraigo legal y verificable, incluyendo requisitos de empadronamiento y cotización a la Seguridad Social.

El debate responde a una controversia política sobre la gestión de las ayudas sociales y la legalidad de la residencia. Vox sostiene que la ley actual no requiere residencia legal explícita, lo que, para ellos, favorece la inmigración irregular y el uso indebido de recursos públicos.

La iniciativa cuenta con antecedentes políticos, ya que en 2021 Vox presentó una proposición para exigir residencia legal en España para acceder a estas prestaciones, propuesta que contó con apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular. Sin embargo, la ley aún no ha sido reformada.

El contexto político en Aragón refleja una división clara: mientras Vox busca reforzar criterios de residencia y contribución, otros grupos políticos mantienen una postura más permisiva. La discusión se enmarca en un contexto de debate sobre inmigración y gasto social en la comunidad.

De cara al futuro, la propuesta de Vox podría abrir un proceso legislativo para modificar las condiciones de acceso a ayudas sociales. La tensión entre control de recursos y derechos sociales seguirá siendo un tema central en el debate político en Aragón.