La situación migratoria en las Islas Canarias ha suscitado una fuerte crítica por parte de la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, quien ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha distorsionado el enfoque humanitario de la crisis. Según Vaquero, esta falta de consideración ha generado un conflicto y desigualdad entre las comunidades autónomas, comprometiendo la atención a los vulnerables.

Vaquero ha expresado su preocupación ante la irresponsabilidad del Gobierno español en lo que respecta a la reubicación de menores extranjeros no acompañados que llegarán a diferentes autonomías. La vicepresidenta ha señalado que estos jóvenes presentan diversas necesidades que requieren la intervención coordinada de varios departamentos, algo que, según ella, ha sido ignorado por el Gobierno central.

A pesar de los esfuerzos de Aragón por dialogar y colaborar con Madrid, la vicepresidenta sostiene que el Gobierno de España ha escogido la confrontación y la falta de coordinación como respuesta a la crisis, actuando de manera improvisada y sin una política clara. Esta posición, dice, no solo afecta a la gestión del fenómeno migratorio, sino que también deja a muchos en una situación vulnerable.

La crisis migratoria, que ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, ha llevado a muchas personas a arriesgar sus vidas en busca de oportunidades. Sin embargo, Vaquero afirma que el presidente Sánchez ha instrumentalizado esta situación con fines políticos, lo que lleva a una falta de verdadera consideración hacia las vidas implicadas en esta tragedia.

La vicepresidenta ha subrayado que los 251 menores que llegarán a Aragón son un grupo diverso, incluyendo niños y adolescentes con diferentes características y necesidades. Según ella, la falta de atención a estos factores por parte del Gobierno de España es inaceptable, y la inclusión de planes de escolarización y asistencia sanitaria es crucial para su integración.

Las estructuras en Aragón para recibir a estos menores están sobrecargadas, lo cual complica aún más el escenario. La falta de recursos y personal capacitado, así como la ausencia de información por parte del Gobierno central, son preocupaciones que la vicepresidenta ha enfatizado en su declaración.

Aragón, con una larga historia de acogida y solidaridad hacia diversas nacionalidades, está comprometido con cumplir la ley y afrontar esta situación. No obstante, el Gobierno regional ha decidido llevar el reparto de menores a los tribunales para defender sus competencias, al tiempo que continúa trabajando en colaboración con las diferentes consejerías responsables de Bienestar Social, Salud y Educación.

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, se ha precisado que los primeros menores migrantes que se trasladarán fuera de Canarias no corresponden al grupo de 251 menores mencionado anteriormente, sino que son parte de un contingente más amplio de solicitantes de asilo. Vaquero ha criticado que se hable de estos menores como si fueran simples paquetes, enfatizando la necesidad de tratar estos casos con la humanidad que merecen.

Finalmente, el Departamento ha informado que la reubicación de estos menores se empezará a realizar en grupos de ocho, aunque aún no se ha definido si alguno de ellos será enviado a Aragón, destacando nuevamente la falta de comunicación por parte del Gobierno central respecto a estos procesos.