En una reciente decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que la comunidad autónoma de Aragón había presentado contra el Ministerio de Juventud e Infancia. Este recurso se enmarca en el contexto del Real Decreto ley que establece un sistema de acogida vinculado y solidario para los menores migrantes no acompañados.

La controversia surgió cuando Aragón presentó su recurso tras recibir una notificación de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia, en la que se recordaba a las comunidades autónomas la necesidad de proporcionar datos sobre el número de menores extranjeros no acompañados y la ocupación de las plazas destinadas a su acogida, tal como estipula el mencionado Real Decreto ley.

En su resolución, el TSJM decidió inadmitir el recurso argumentando que lo que recibió Aragón no constituía una resolución administrativa sino simplemente una comunicación. Los magistrados señalaron que el Ministerio había solicitado información en conformidad con el Real Decreto Ley 2/2025, estableciendo un plazo hasta el 31 de marzo de 2025 y agradeciendo la colaboración en este proceso.

Los jueces subrayaron que el requerimiento por parte del Ministerio no se trataba de un "acto administrativo decisorio" ni de un "acto de trámite cualificado", sino de una simple "solicitud de información".

Representantes del Ministerio de Juventud e Infancia han catalogado esta decisión como "el tercer golpe judicial" que sufre Aragón en sus intentos por obstaculizar la implementación de esta normativa sobre la acogida de menores migrantes. Recuerdan que en junio, el TSJM ya había desestimado medidas cautelares solicitadas por el gobierno autonómico para proteger sus datos de acogida, y que más tarde, en julio, la Audiencia Nacional desechó otros recursos interpuestos por Aragón referente a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Las fuentes ministeriales han afirmado que la estrategia legal de Aragón "no solo es perjudicial desde un ángulo jurídico, sino que también posee un claro matiz racista". Asimismo, insistieron en que estas resoluciones judiciales evidencian que el proceso legislativo no solo prioriza los derechos de los menores extranjeros no acompañados, sino que es también jurídicamente sólido.