TERUEL, 12 de diciembre.

El grupo conservador Teruel Existe ha solicitado una moratoria sobre todos los proyectos de energías renovables que están bajo la tramitación de la empresa Forestalia en cualquier nivel gubernamental. Esta demanda surge tras la reciente intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que registró las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como las oficinas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Durante una rueda de prensa, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, miembros del comité de Energía y Medio Ambiente, expresaron su confianza en la justicia y renovaron sus denuncias sobre "la enorme especulación detrás de proyectos con un impacto significativo, pero que no generan empleo, afectando gravemente a las comunidades de Aragón". Enfatizaron que llevan más de cuatro años alertando sobre irregularidades y posibles delitos ambientales relacionados con la instalación de energías renovables en la región.

Un ejemplo de los proyectos que ha levantado controversia es el Clúster Maestrazgo, el cual es descrito como el más grande de España y que busca obtener energía para alimentar el crecimiento de la costa mediterránea. Este proyecto fue aprobado, finalmente, por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, a pesar de contar con un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana y otros informes ambientalmente negativos de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón que argumentaban que la ubicación no es la adecuada debido a su alta sensibilidad ambiental.

Teruel Existe califica esta decisión como “sumamente sospechosa”, señalando que el informe enviado a Madrid fue redactado por el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, quien habría alterado un informe previo que era mucho más crítico y que nunca llegó a hacerse público.

Además, se cuestionan las afirmaciones del Ministerio de Transición Ecológica sobre la viabilidad del proyecto, dado que incluye la instalación de 85 aerogeneradores en el espacio protegido de RED Natura 2000, así como 94 en áreas con sensibilidad ambiental máxima según la propia clasificación del ministerio, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso del Miteco con la preservación ambiental, dado que se minimiza el impacto sobre los bosques y se ignoran miles de hectáreas que serían taladas.

El grupo también ha recordado que, durante el mandato de la coalición PSOE-Podemos-CHA-PAR, el Inaga emitió informes favorables para "cientos de instalaciones", incluidas aquellas que Forestalia intentó habilitar para la exportación de energía a comunidades como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, cuando solo Red Eléctrica Española tiene la capacidad de llevar a cabo estas infraestructuras.

De hecho, muchas de estas líneas de transmisión han sido rechazadas por informes adversos de las autoridades vascas, navarras, catalanas, valencianas y riojanas, lo que incrementa las preocupaciones sobre la legitimidad y necesidad de estos proyectos.

En relación al Clúster Maestrazgo, se destaca que su autorización requirió la aprobación del Consejo de Ministros, contradiciendo el informe negativo de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Generalitat Valenciana y varios municipios, lo que el grupo considera “un hecho inaudito” en comparación con otros proyectos de energías renovables en el país, y lo tildan de una decisión “político-empresarial”.

Además, resaltan que este proyecto ha generado un consenso absoluto entre las principales organizaciones medioambientales del país, que advierten sobre la destrucción inminente de uno de los territorios más vírgenes y valiosos culturalmente de Europa.

Desde Teruel Existe, subrayan que el Clúster Maestrazgo es copropiedad de Forestalia y CIP, un fondo de inversión danés, con quien han mantenido contacto. A pesar de la resistencia social, el grupo afirma que CIP está decidido a llevar a cabo lo que consideran un “atropello” a la provincia.

Por ello, han instado a CIP a reconocer que están involucrados en una de las potenciales catástrofes ambientales más graves de Europa, mientras la justicia continúa su vigilancia sobre estas acusaciones de corrupción.

Romeo manifestó su satisfacción por el hecho de que la justicia esté indagando en estas “actuaciones presumiblemente delictivas”, haciendo un llamado para que se lleve el caso hasta sus últimas consecuencias, sin importar quiénes estén implicados.

El grupo también destacó una serie de irregularidades, como la fragmentación de varios proyectos, la falta de consideración de los impactos ambientales acumulativos, la imposición de informes en contra de las recomendaciones técnicas y el incumplimiento de diversas normativas ambientales y urbanísticas.

Un tema que genera gran preocupación es la “puerta giratoria” entre altos cargos de la administración y el sector privado, que apuntan a la manipulación de políticas públicas en la elaboración de leyes y decretos que favorecen intereses particulares.

Villamón indicó que han presentado 330 alegaciones contra macroproyectos eólicos y fotovoltaicos que habrían sido tramitados de forma irregular, así como más de un centenar de denuncias sobre presuntos delitos ambientales, totalizando 58 dirigidas al MITECO y 42 al Gobierno de Aragón, además de más de 50 Recursos de Alzada.

Todos estos procedimientos y acciones legales se han enfocado en el Inaga y la Dirección General de Energía y Minas a nivel regional, así como en el Miteco para cuestiones estatales, por la aprobación de informes ambientales y autorizaciones que consideran irregulares.

Muchas de estas denuncias se mantienen activas, con investigaciones abiertas por parte de las instituciones competentes, incluida la UCO.

Finalmente, Villamón reafirmó que el objetivo fundamental de Teruel Existe es mejorar los servicios, infraestructuras y el desarrollo en la provincia, destacando lo ridículo de las afirmaciones de ciertos políticos que buscan desacreditarles, sugiriendo que se oponen a proyectos de desarrollo significativos.

El grupo ha reiterado que nunca se han opuesto a iniciativas que generen empleo y crecimiento en Teruel, pero se comprometen a seguir denunciando cualquier forma de especulación que ponga en riesgo el futuro de su comunidad.