TERUEL, 11 de enero. El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha expresado su descontento con la reciente comisión de investigación sobre las energías renovables en Aragón, argumentando que fue impulsada por el Partido Popular como parte de su estrategia electoral para deslegitimar al Gobierno de Lambán. Según su análisis, esta iniciativa se diseñó para aparentar un cambio en la política mientras se amenazaba con acciones legales, evidenciando un "complot" entre el PP, el PSOE y el PAR que estaba destinado a fracasar.

Durante una conferencia de prensa, los portavoces Manolo Gimeno y Jesús Villamón denunciaron que el PP no solo continuó con la implementación de grandes instalaciones de energías renovables, sino que aceleró este proceso. Atribuyen esta aceleración a la falta de cuestionamiento hacia las decisiones de Forestalia y otras compañías eléctricas, quienes, según Teruel Existe, han dominado las políticas públicas en la región, con la complicidad del PP.

El grupo sostiene que existe un pacto tácito entre el PP y el PSOE sobre la regulación de grandes proyectos de energías renovables, lo que se reflejó en la Ley de Energía. Esto, argumentan, obstaculizó el funcionamiento efectivo de la comisión, que se realizó sin la debida transparencia y sin permitir a los grupos de oposición criticar adecuadamente las acciones del gobierno, según indicó Gimeno.

Criticaron también el formato del proceso de investigación, que, según ellos, fue diseñado para asegurar que no se hallaran evidencias de irregularidades por parte del Ejecutivo aragonés. A pesar de los testimonios que denunciaban favoritismos hacia ciertas empresas y deficiencias en las evaluaciones ambientales, las conclusiones obtenidas fueron vagas y carentes de contenido crítico real, como señaló Villamón.

En cuanto al procedimiento, los miembros de la comisión se vieron obligados a llegar a conclusiones por unanimidad, lo que resultó en recomendaciones muy generales, y se limitaron las oportunidades de hacer preguntas en las comparecencias. Cuando un testigo comparecía, solo se permitía una intervención por grupo parlamentario y se limitaba el tiempo de respuesta a entre tres a cinco minutos, lo que no favorecía una discusión profunda, recordó Gimeno.

Gimeno también criticó lo que considera un "boicot activo" por parte de los principales partidos, afirmando que el diseño de la comisión buscaba que fracasara para evitar un escrutinio más exigente. En este contexto, señaló al diputado del PAR, Alberto Izquierdo, como un "elemento disruptivo" que, con el apoyo del PP y PSOE, interrumpió las comparecencias de manera irrespetuosa.

Teruel Existe lamentó que, en este panorama, solo dos grupos políticos, ellos mismos e IU, mostraran interés genuino en investigar a fondo el asunto, mientras que Vox, aunque crítico en algunos momentos, no se atrevía a desafiar al PP debido a su coalición con ellos.

Por último, el grupo destacó la "opacidad" de la comisión, mencionando la decisión de no emitir las sesiones en streaming y la falta de acceso a las grabaciones para el público. Esto se hizo evidente desde la primera sesión, en la que se prohibió la presencia de periodistas, provocando cierta controversia entre los asistentes a las Cortes, según mencionó Gimeno.

Además, señalaron que algunos testigos relevantes, como el exvicepresidente Arturo Aliaga y el director del INAGA, Jesús Lobera, solo comparecieron por escrito, lo que impidió una confrontación directa de sus declaraciones, dificultando así una investigación exhaustiva. "Ambos son figuras clave en este caso", concluyeron.