En Zaragoza, un nutrido grupo de ciudadanos se reunió el pasado miércoles frente a la sede del Banco de España, convocados por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón y CCOO Aragón. La concentración tuvo como objetivo principal exigir mejoras en varios aspectos del Estado del bienestar, tales como pensiones, dependencia y servicios sanitarios.

José Luis Romero, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, expresó la necesidad de fortalecer un Estado del bienestar que se adapte a las demandas de los trabajadores y de la tercera edad. Romero no dudó en calificar de "lamentable" la actual situación del sistema sanitario, que, a su juicio, no satisface las necesidades de la población mayor.

Asimismo, el dirigente sindical hizo hincapié en las dificultades que enfrentan muchas personas mayores que viven solas, a menudo en viviendas inadecuadas. "Con la pobreza energética y la situación económica que afecta a la mayoría de nuestros pensionistas, se presenta un cuadro preocupante para nuestros mayores", afirmó Romero.

Pilar Méndez, secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, también se hizo eco de la insuficiencia en la aplicación de la Ley de Dependencia. Según ella, el plan de choque diseñado para abordar esta problemática no se está implementando debido a la falta de fondos económicos, lo que causa un prolongado sufrimiento entre las personas que esperan acceder a los beneficios de la ley, incluso lamentándose de que algunas no logran recibir ayuda a tiempo.

A pesar de estas carencias, Méndez valoró positivamente los esfuerzos en curso en colaboración con el Gobierno de Aragón y el sistema de justicia para abordar el tema de la soledad no deseada, señalando que se está trabajando en la elaboración de una guía que permita identificar estos casos.

La líder de CCOO también abordó otros asuntos críticos, como la escasez de vivienda adecuada para jubilados con pensiones bajas. Indicó que, aunque es fundamental contar con una ley de vivienda que beneficie a toda la sociedad, deben considerarse las necesidades específicas de los mayores. En este contexto, planteó la existencia de un "enfrentamiento intergeneracional" relacionado con el acceso y equidad de las pensiones, destacando que las mujeres en Aragón perciben un 30% menos en pensiones contributivas en comparación con los hombres.

Méndez también expresó su deseo de que los conflictos internacionales, como el de Palestina y la guerra en Ucrania, lleguen a su fin.

Durante la lectura del manifiesto, los representantes de los sindicatos recalcaron que el Día Internacional de las Personas Mayores, establecido por la ONU, debe ser una jornada de denuncia y un llamado a la responsabilidad social hacia aquellos que han contribuido a la sociedad. En lugar de reconocimiento, actualmente las personas mayores se enfrentan al abandono y la precariedad.

En lo referente a la dependencia, se exigió una revisión del modelo actual, priorizando los cuidados profesionales y promoviendo un entorno que dignifique a los trabajadores, que en su mayoría son mujeres.

Para abordar la brecha de género en las pensiones, pidieron la creación de un sistema que compense las desigualdades, garantizando, además, la sostenibilidad y justicia intergeneracional en la Seguridad Social.

También abogaron por un plan nacional de vivienda que facilite el acceso a este derecho fundamental, protegiendo a los más vulnerables de desahucios y fomentando la creación de comunidades accesibles y con servicios a la mano.

Ambas federaciones han calificado el edadismo como una "violencia estructural" y reafirmaron su compromiso con una sociedad que sea "intergeneracional e inclusiva", subrayando la importancia de la participación de las personas mayores en las decisiones públicas y la erradicación de la discriminación por edad en diferentes ámbitos.

Finalmente, propusieron la creación de una ley estatal que asegure los derechos de las personas mayores, incluyendo medidas para enfrentar la soledad y el maltrato, y la formulación de un marco legal que articule estrategias de envejecimiento activo y protección social.

Además, se pronunciaron a favor de políticas migratorias que sean "humanas y justas", destacando su apoyo a las personas migrantes y advirtiendo sobre el peligro de los "populismos de extrema derecha", que a su juicio alimentan el odio y amenazan derechos fundamentales. Recordaron que las personas mayores, que vivieron épocas de represión, comprenden bien lo que significa perder libertades.

A la conclusión del acto, se enfatizó la necesidad de fomentar un "compromiso intergeneracional", rechazando cualquier narrativa que promueva un conflicto artificial entre generaciones por intereses económicos. Se hizo un llamado a la redistribución de la riqueza, demandando educación pública de calidad para la juventud, empleo digno para quienes están en edad laboral, pensiones adecuadas para los mayores y un Estado del bienestar que dependa de una fiscalidad equitativa. “Cualquier intento de enfrentar generaciones se encontrará con la resistencia unida de la clase trabajadora”, sentenciaron.